Tres años después de la catástrofe provocada por la erupción del volcán en La Palma, la situación migratoria en Canarias ha escalado hasta niveles críticos. Desde la tragedia, se han abierto 24 nuevos centros de acogida, incluyendo cinco para inmigrantes adultos y 19 para menores extranjeros no acompañados (menas). Sólo el mantenimiento y cuidado de estos últimos representa un gasto anual de 347 millones de euros, lo que refleja la presión creciente sobre los recursos de la comunidad autónoma.
Según un informe de la consultora 22Grados, los 80 centros que actualmente acogen a menores migrantes no acompañados en el archipiélago –gestionados por ONGs y fundaciones– tienen un coste mensual de 12,5 millones de euros. Esta situación, calificada de «crítica», ha generado preocupación tanto en España como en Europa, y evidencia la necesidad urgente de una solución estructural a nivel nacional e internacional. En lo que va de 2024, las islas han recibido más de 27.210 inmigrantes ilegales, de los cuales un notable 20% son menores que han llegado solos, sumando más de 5.700 alojados en recursos gestionados por Canarias.
El informe subraya que el archipiélago, que ha visto un aumento del 87% en las llegadas en el último año, se enfrenta a un desafío sin precedentes. Esta crisis ha generado tensiones entre las administraciones locales y el Gobierno central, que reclaman una solución coordinada y que no dependa sólo de una asignación económica, sino de reformas estructurales. A pesar de las conversaciones en marcha con la Unión Europea, el informe lamenta que «no se han implementado soluciones duraderas» que alivien la carga sobre Canarias.
El informe también destaca que, a pesar de la creciente presión, las autoridades han duplicado la capacidad de acogida para menores en los últimos meses, pasando de 39 centros en julio de 2023 a los 80 actuales. Este cambio contrasta con las cifras de hace dos décadas: en 2004, el número de menores llegados a las islas por vía marítima no superaba los 200, y ni siquiera durante la «Crisis de los cayucos» de 2006 se alcanzó la cifra de 1.000.
Mientras tanto, cabe destacar que en torno a 200 personas de origen canario siguen viviendo en contenedores en estados bastante perjudiciales, ya que en su momento fueron habilitados de forma temporal. Tal y como acordaron en el Congreso de los Diputados a principios de año, hay 100 millones destinados a ayudar a estas familias que siguen sin llegar, hecho que desespera a los ciudadanos.
