La modificación del Real Decreto 1155/2024 aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez permitirá la regularización de determinados inmigrantes ilegales incluso en casos en los que existan antecedentes reflejados en informes policiales, siempre que no se considere que suponen una amenaza efectiva para la seguridad o el orden público.
El cambio normativo, introducido a través del Real Decreto 316/2026, incorpora una nueva disposición orientada a facilitar autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales vinculadas al arraigo, especialmente para solicitantes de protección internacional que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026.
Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es la matización sobre el peso de los antecedentes. Según el texto legal, la mera existencia de anotaciones en informes policiales no implicará automáticamente la denegación de la solicitud. En su lugar, la Administración deberá analizar cada caso de forma individualizada, valorando si la persona representa o no un riesgo real para la seguridad pública, la salud o las relaciones internacionales.
La normativa mantiene, no obstante, una serie de requisitos estrictos para acceder a esta regularización. Entre ellos figuran ser mayor de edad, acreditar una permanencia continuada en España durante al menos cinco meses previos a la solicitud y no haber sido beneficiario de determinados regímenes previos de protección temporal, como el aplicado a desplazados por la guerra de Ucrania.
Asimismo, los solicitantes deberán carecer de antecedentes penales en los términos establecidos por la legislación vigente, aunque se contempla la posibilidad de cancelar aquellos que sean legalmente susceptibles de ello antes de la resolución del procedimiento. También será necesario presentar documentación identificativa válida y demostrar que no están inmersos en otros procesos administrativos relacionados con permisos de residencia.
El Ejecutivo defiende que esta medida busca dar respuesta a situaciones de especial vulnerabilidad y ofrecer una vía legal a personas que ya están integradas en la sociedad española. Sin embargo, el cambio ha generado debate político y social, especialmente por la interpretación del papel de los informes policiales en los procesos de regularización.
