Carmen Pano ha vuelto este lunes a la Audiencia Nacional para declarar por el supuesto intento de soborno destinado a comprar su silencio sobre las entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz. La empresaria ha ratificado ante el juez Santiago Pedraz la declaración que ya prestó ante la Guardia Civil, en la que señaló que la trama atribuida a Santos Cerdán le ofreció una elevada cantidad de dinero a cambio de modificar su testimonio.
Pano ha llegado a la sede judicial poco antes de las 10.00 horas, acompañada de su abogado. Esta vez no comparecía como investigada en el caso Hidrocarburos ni como testigo en el caso Koldo, sino por una derivada que apunta al supuesto intento de las cloacas socialistas de neutralizar una de las declaraciones más comprometidas para el entorno del PSOE.
Según ha declarado, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le comunicó que había personas del PSOE interesadas en hablar con ella y con su chófer, Álvaro Gallego. La empresaria sostiene que esa propuesta incluía el pago de unos 250.000 euros, una cantidad en la que se habrían incorporado los gastos de la boda de su hija Leonor y el alquiler de la vivienda en la que residía durante un periodo de entre cinco y siete años.
El chófer de Pano también ha declarado ante el juez. Gallego ha asegurado que a él le ofrecieron unos 15.000 euros y ha admitido que, en un primer momento, ambos llegaron a plantearse aceptar la oferta. Su testimonio refuerza la línea expuesta por la empresaria ante la Guardia Civil y ahora ratificada en sede judicial.
La declaración de Pano sitúa el foco sobre una operación que, de confirmarse, tendría una fuerte carga política e institucional: no sólo por el supuesto intento de alterar una declaración judicial, sino por la vinculación que la empresaria establece con personas del PSOE y con el entorno de Koldo García, una de las piezas centrales de la investigación.
La versión de Leticia de la Hoz es opuesta. La abogada del exasesor ministerial sostiene que fueron Pano y Gallego quienes contactaron con ella en febrero de 2025 a través de su despacho para recibir asesoramiento sobre la venta de varias operadoras de hidrocarburos.
De la Hoz afirma que decidió poner fin a esas negociaciones tras conocer la situación de Gran Zufaira, la sociedad central de la operación. Según su versión, la empresa acumulaba una deuda de 470.000 euros de IVA y había perdido el registro REDEF, lo que habría frustrado cualquier avance en la operación mercantil.
La letrada niega haber ofrecido dinero a Pano o a su chófer y se desvincula de las actuaciones atribuidas a Leire Díez y a sus colaboradores. La investigación deberá determinar ahora si los contactos denunciados por la empresaria formaban parte de una maniobra para cambiar su declaración o si, como sostiene la defensa de De la Hoz, se trató de una relación profesional ligada a operaciones del sector de los hidrocarburos.
