El presidente de ‘La Razón’ está acusado de conseguir presuntamente subvenciones fraudulentas para dicha empresa, encargada de la producción de vídeos y aplicaciones móviles.

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en marcha una operación contra el grupo tecnológico Zed Worldwide, al que lleva investigando durante meses por la presunta comisión de numerosas irregularidades. El nombre del presidente de ‘La Razón’ vuelve a verse envuelto en una operación, pues la Fiscalía se ha querellado contra Mauricio Casal por conseguir supuestamente subvenciones fraudulentas para dicha empresa.

El Ministerio Público está practicando diversos registros y detenciones en estos momentos para recabar documentación. Se investigan diversas operaciones llevadas a cabo por la empresa, entre ellas supuestos sobornos a políticos de Rusia y Uzbekistán por importe de unos seis millones de euros o el fraude en el cobro de subvenciones públicas millonarias.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, responsable de las pesquisas, ha detenido al fundador y máximo accionista de ZED, Javier Pérez Dolset, y a un hermano de éste, Ignacio.

Imputado Casals

El Ministerio Público acusa a Casals de haber maniobrado ante altas instancias de la Administración para que Zed, que estuvo participada por Planeta, recibiera créditos blandos para el fomento de la innovación por valor de hasta 70 millones de euros. La mayor parte de esta cantidad salió de las líneas de ayuda del Ministerio de Industria.

Las gestiones para lograr los fondos se habrían producido entre 2010 y 2015, es decir, tanto con gobiernos socialistas como del Partido Popular. Por esa supuesta labor de intermediación, La Razón habría recibido presuntas comisiones irregulares camufladas como servicios de publicidad y falsos acuerdos de colaboración por un importe ligeramente superior a 2 millones de euros.

La Fiscalía también investiga si Casals intervino para evitar que desde Industria y Economía se fiscalizaran el destino de los préstamos y se reclamara su completa evolución. Según El Confidencial, los expertos en delitos económicos de la Policía han determinado que sólo la mitad de los créditos blandos concedidos a Zed fueron reintegrados a la Administración.

El presidente de la firma, Javier Pérez Dolset, y el hermano de éste, Ignacio, se encuentra detenidos. Desde el Ministerio Público sostienen que Javier habría tenido una participación clave en la quiebra de su propia empresa, perjudicando al resto de accionistas y acreedores.

Dolset vació presuntamente otros activos de la empresa ante su hundimiento, incurriendo así en un supuesto delito de insolvencia punible por una cantidad cercana a los 10 millones de euros.

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