La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue relegando a los españoles a un segundo plano. Esta vez, a través de las listas de admitidos para las guarderías, donde un 57,7% tienen nombre extranjero en el distrito de Villaverde, según un análisis realizado sobre los listados provisionales de admisión para el curso 2026-2027 de las escuelas infantiles públicas del Ayuntamiento de Madrid.
El estudio se ha elaborado revisando los nombres y apellidos de los admitidos en distintos centros del distrito y aplicando un criterio onomástico. Según el recuento realizado, de las 182 plazas analizadas en cinco escuelas infantiles municipales de Villaverde, 105 corresponderían a menores con nombres de origen extranjero, frente a 77 considerados españoles. El porcentaje total alcanzaría así el 57,7%.
Los datos por centros reflejan cifras especialmente elevadas en algunos casos. En la escuela infantil Los Pinos, los menores con nombre extranjero representarían el 84% de las plazas adjudicadas, mientras que en La Luna el porcentaje ascendería al 75,7%. En el resto de centros estudiados también se registran cifras elevadas: 16 plazas en El Mamut, 15 en Parque Ingenieros, 28 en La Luna, 25 en El Rocío y 21 en Los Pinos.
Quienes han realizado el análisis sostienen además que el cálculo se ha hecho con un «sesgo a la baja», ya que numerosos alumnos de origen hispanoamericano habrían sido contabilizados como españoles al contar con nombres y apellidos habituales en España.
El documento provisional de admisión consultado muestra cientos de solicitudes presentadas para acceder a las escuelas infantiles municipales del distrito. Según este análisis, los solicitantes con nombre extranjero representarían aproximadamente el 43,6% del total de peticiones, aunque finalmente habrían obtenido cerca del 60% de las plazas adjudicadas tras el sistema de puntuación.
Esta situación está generando malestar entre numerosas familias españolas del distrito, que denuncian la dificultad creciente para acceder a plazas públicas de educación infantil y aseguran verse obligadas a recurrir a guarderías privadas o concertadas, con costes que pueden superar los 500 euros mensuales.
Las críticas también se dirigen contra el discurso político de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de haber defendido en distintas ocasiones que la inmigración no perjudica el acceso de los españoles a los servicios públicos. Sin embargo, quienes denuncian esta situación consideran que los datos de admisión en las escuelas infantiles reflejan precisamente el efecto contrario.
Además, sostienen que este patrón se repite en otros distritos de la capital. Según afirman, allí donde los solicitantes extranjeros representan alrededor del 20% o el 30% de las solicitudes, el porcentaje final de plazas adjudicadas suele situarse muy por encima tras la aplicación del baremo de puntos.
