La Comunidad de Madrid, en manos de Isabel Díaz Ayuso (PP), vuelve a plegarse a la invasión migratoria y deja en segundo lugar a los españoles. En este caso, el día que sale la lista provisional de admitidos en las guarderías de la red municipal, se confirma que ser hijo de familia refugiada, de protección internacional o en situación irregular otorga 1,5 puntos en el baremo de admisión, exactamente la misma puntuación que haber tenido que renunciar a una plaza el curso anterior por enfermedad médica grave o que uno de los progenitores o hermanos tenga una discapacidad reconocida entre el 33% y el 64%.
Según los documentos oficiales del proceso de admisión publicados por la Comunidad de Madrid, a los que ha tenido acceso LA GACETA, el baremo incluye estos criterios prioritarios. Así, los niños y niñas de familias refugiadas y/o de protección internacional y familias en situación ilegal reciben 1,5 puntos, idénticos a los que se otorgan a quienes ya tenían plaza el año pasado pero tuvieron que renunciarla por una enfermedad médica. La misma nota exacta se aplica en el caso de discapacidad reconocida del padre, madre, tutor o representante legal, o de hermanos de la niña o el niño cuando está entre el 33% y el 64%.
Por su parte, las familias que se encuentran en un proceso de intervención social para cuyo seguimiento se haga muy necesaria la escuela infantil obtienen 0,5 puntos, mientras que la situación de guarda legal con fines adoptivos suma 2 puntos.
Es decir, un menor inmigrante en situación ilegal o procedente de un proceso de protección internacional recibe la misma ventaja que un niño español cuya familia ha sufrido una discapacidad grave o una enfermedad que le obligó a renunciar a su plaza anterior. Mientras tanto, las familias españolas sin ninguna de estas circunstancias se ven relegadas en la lista de admitidos, a pesar de que las plazas en las guarderías municipales son limitadas y la demanda de los madrileños de toda la vida es cada vez mayor.
Esta nueva evidencia llega en plena precampaña electoral y justo cuando la presidenta Ayuso ha hecho bandera de su política de «orden y seguridad» frente a la inmigración ilegal. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario: su Gobierno mantiene y aplica un baremo que equipara, en la práctica, la condición de inmigrante ilegal con situaciones de vulnerabilidad extrema de los españoles. Fuentes internas de varias escuelas infantiles consultadas por este medio confirman que, en barrios con alta presión migratoria, las listas provisionales están dejando fuera a decenas de familias autóctonas con niños pequeños mientras entran niños de familias que han llegado recientemente a España en situación irregular.
