El mercado laboral español afronta un crecimiento sostenido de la inmigración con un perfil educativo marcadamente bajo. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, casi la mitad de los trabajadores extranjeros en España cuenta únicamente con estudios mínimos, una realidad que contrasta con el discurso oficial del Gobierno sobre «inmigración cualificada».
Según informa Vozpópuli, acierre de 2025, España registraba 3,57 millones de trabajadores extranjeros, lo que equivale al 15,9% del total de ocupados. La cifra prácticamente se ha duplicado en la última década, con un incremento del 83,5% desde 2015, cuando había menos de dos millones de trabajadores foráneos.
Este fuerte aumento coincide con la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de impulsar una nueva regularización extraordinaria, actualmente en fase de audiencia pública y promovida por Podemos, que podría beneficiar a cerca de medio millón de inmigrantes.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la medida como una respuesta a «una realidad que existe en nuestras calles» y que, según el Gobierno, impacta en la convivencia y la economía. El proceso permitiría regularizar a extranjeros que ya residían en España antes del 31 de diciembre de 2025, siempre que carezcan de antecedentes penales.
No obstante, los datos oficiales reflejan que el perfil formativo de gran parte de esta población es bajo. En concreto, el 43,3% de los trabajadores extranjeros sólo ha completado la primera etapa de educación secundaria, lo que equivale a más de 1,5 millones de personas. Otro millón cuenta con secundaria completa, mientras que menos de un millón tiene estudios superiores.
En el caso de los inmigrantes procedentes de Hispanoamérica —uno de los colectivos más numerosos— la proporción con estudios básicos se sitúa en torno al 41%, mientras que el número de titulados superiores se reduce a algo menos de 350.000 personas.
Por sectores, la distribución de los trabajadores extranjeros reproduce el modelo económico español. El 72% se concentra en el sector servicios, seguido de la construcción (11,3%), la industria (11%) y la agricultura (6%). Entre los inmigrantes hispanoamericanos, el peso de la construcción aumenta hasta el 13%, mientras que la agricultura pierde relevancia.
Este patrón refuerza la dependencia de sectores de menor valor añadido, en un contexto en el que el Ejecutivo insiste en que la inmigración es clave para sostener el sistema productivo y el Estado del bienestar.
España afronta así su séptimo proceso de regularización migratoria desde los años ochenta. En conjunto, estos procesos han beneficiado ya a más de 1,25 millones de personas, con el mayor precedente en 2005, bajo el Gobierno de Zapatero.
Mientras tanto, la población extranjera sigue creciendo: más del 14% de los residentes en España no tiene nacionalidad española, y si se atiende al país de nacimiento, uno de cada cinco habitantes ha nacido fuera.
Los datos dibujan un escenario claro: más inmigración, menor cualificación media y una apuesta política decidida por ampliar el mercado laboral vía regularizaciones, con consecuencias directas sobre salarios, servicios públicos y cohesión social.
