La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León ha comunicado al Consejo de Gobierno el amplio plan de iniciativas dirigidas a dotar de liquidez al sector —muy afectado por la sequía— que tienen un importe estimado de 145 millones de euros, más los 600 millones de euros de anticipos de la Política Agrícola Común (PAC).
El Consejo de Gobierno —conformado por PP y por VOX— del pasado 15 de junio acordó la declaración de situación excepcional de la campaña agrícola 2022-2023 en todo el territorio de Castilla y León debido a la falta de agua de los últimos meses.
Así, se han prorrogado los plazos establecidos para cumplir tanto las ayudas directas financiadas por el FEAGA como las intervenciones de desarrollo rural cofinanciadas por el FEADER; se han flexibilizado y establecido excepciones a los requisitos de la PAC recogidos en la circular del FEGA en relación con las ayudas directas; y se ha flexibilizado la regulación de cuestiones vinculadas a las intervenciones territoriales del FEADER en las cuales Castilla y León tiene mayores competencias de desarrollo.
La Consejería ha aprobado medidas dirigidas a dotar de liquidez al sector como los pagos de los anticipos de las ayudas directas de la PAC. «Se efectuarán a partir del 16 de octubre, de conformidad con lo que disponga el reglamento europeo que establezca los porcentajes máximos de anticipo y las condiciones para efectuarlos», recoge el comunicado de la Junta. El importe estimado de los anticipos es de 600 millones de euros. Y bonificará el interés de los préstamos de hasta 60.000 euros máximos por explotación. Dicha bonificación alcanzará el 100% para agricultores profesionales y el 40% para el resto. La inversión prevista en esta medida es de aproximadamente 60 millones de euros.
Asimismo, se concederán ayudas directas «en el marco temporal de la guerra en Ucrania». «La medida consiste en establecer una ayuda directa destinada a los agricultores con pólizas de seguro de sequía (…). También se incluirán como beneficiarios aquellos agricultores profesionales sin póliza de seguro por sequía en 2022-2023 que se comprometan a realizar la suscripción en las próximas tres campañas agrícolas», ha afirmado la Junta. Esta ayuda directa puede conllevar una aportación del Gobierno regional de hasta 42 millones de euros.
La Consejería de Agricultura ha incluido además el incremento de la partida destinada a la bonificación por suscripción de seguros agrarios y la bonificación de las tasas veterinarias, que se aplicará desde su aprobación hasta el 31 de diciembre y se prolongará durante los años 2024 y 2025. Según la Junta, el ahorro fiscal estimado para el sector ganadero durante los dos años y medio de aplicación asciende a 2,5 millones de euros.
Y se reducirán los índices de rendimiento neto aplicables por agricultores y ganaderos, que beneficiará a unas 57.000 personas en la región. El ahorro fiscal estimado asciende a 20 millones de euros, de los que aproximadamente 10 millones de euros anuales serán asumidos por Castilla y León,¡,
Las medidas de carácter estructural serán las subvenciones de mínimos destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas —en régimen extensivo o mixto— que supondrán la concesión de ayuda a casi 2.000 ganaderos y un importe de 6,1 millones de euros; y la aprobación de un plan de ejecución de pequeñas balsas en zonas ganaderas que puedan además apoyar la lucha contra los incendios. El presupuesto es de cinco millones de euros, y se prevé un plazo para ejecutarlo de tres años.
