En la última semana, han salido a la palestra dirigentes de Podemos, cuya proximidad a las CUP no debe sorprender a nadie, terciando sobre cuestiones semánticas acerca de lo que es terrorismo y de lo que no lo es.
Y ha sido, naturalmente, para negar que lo que está sucediendo en las calles de Cataluña lo sea. Sorprende tal pasión por la exactitud léxica en quienes no ha tanto sostenían cosas como que “violencia es cobrar 600 euros”. Ocasión en la que la precisión entre “injusticia” o “explotación” y “violencia” no pareció requerirles excesiva atención.
Las palabras tienen su valor. Algo que algunos descubren cuando les viene bien.
Regalando el sentido común al enemigo
Ciertamente, lo que sucede en Cataluña no es todavía terrorismo. No es lo mismo poner una bomba en unos grandes almacenes o pegarle dos tiros en la nuca a un policía que cortar una autopista, por más violencia que se emplee en este último menester. Aunque puede que lo que diga el código penal difiera de esa apreciación, el sentido común parece avalarlo.
Pero la distinción se antoja casi un bizantinismo viniendo de quienes han hecho de las Herriko Tabernas su segunda residencia, en lógica correspondencia con sus más secretas pulsiones, para quienes el rechazo del terrorismo obedece antes a una cuestión táctica que moral.
Razón por la que no se les puede negar una innegable autoridad sobre el tema: si alguien puede optar a un indisputado máster sobre terrorismo esa es la extrema izquierda.
No obstante, no conviene facilitar las cosas a los demagogos con afirmaciones que son, hasta intuitivamente, poco fundadas.
Los CDR
No, aún no son terroristas. Y es muy posible que los CDR jamás pasen del estadio de la carrer borroka; de hecho, no parece que ese sea el planteamiento.
Para sus propósitos tienen, sin embargo, claro, que en esta cuestión es crucial la fuerza desplegada; y la fuerza depende tanto de la capacidad de generar violencia – o alterar el orden – cuanto del apoyo que puedan recabar entre la población.
En Cataluña, hoy, hay dos millones de independentistas que están bien dispuestos a secundar cualquier iniciativa que adopten los suyos. Aunque no sea probable que vayan a desembocar en un terrorismo abierto, tampoco es descabellado pensar que una parte de ellos seguiría o aplaudiría una deriva de ese tipo, de la que estarían muy dispuestos a culpar al Estado opresor.
El escenario está dispuesto
El discurso victimista está impreso de hace tiempo en el enloquecido imaginario independentista: Cataluña es víctima de una opresión y ocupación tres veces centenaria, Cataluña ha sido sistemáticamente expoliada, Cataluña se asfixia entre los miasmas españolas.
Además del discurso, tienen la oportunidad, la excusa y los cuadros, ya perfectamente formados. Y, dígase lo que se quiera, hasta cierto apoyo exterior.
Frecuentemente se pierde de vista que, para la acción revolucionaria, es esencial la agitación y la movilización. El tipo de movilización callejera que manejan los CDR es el marco ideal para la generación de una situación que puede enquistarse y escapársele de las manos al Estado.
La revolución siempre sale de la movilización. Y la movilización solo se consigue a través de la tensión; es evidente que el objetivo de los Comités de Defensa de la República no es otro sino el de desestabilizar la situación, generar violencia y crear desorden, tal y como expresa la información recogida de Tamara Carrasco, la dirigente de los CDR detenida.
El objetivo final rebasa los límites de la región catalana: Cataluña debe convertirse en la yesca y los CDR en la chispa que lo incendie todo.
El escenario está dispuesto. El peligro no es el terrorismo. El peligro es la revolución.
Diferencias judiciales
Más allá de las cuestiones nominalistas, lo que está sucediendo en Cataluña es muy serio; pero las fuerzas del Estado titubean. El gobierno solo actúa en clave política electoral, dada la creciente precarización de su situación demoscópica. Así que, por un lado, la dejadez política del gobierno es tan manifiesta y su uso de los tribunales como burladero tan legendario, que resulta inevitable tratar la labor de los tribunales desde una perspectiva política.
Y uno de los problemas es el que ha puesto de manifiesto la detención de Tamara Carrasco por enésima vez: mientras la Fiscalía le imputaba los delitos de rebelión y terrorismo, el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea lo ha rebajado a desórdenes públicos, con la consiguiente inhibición de la Audiencia Nacional. El que la detenida no esté incursa en un delito de terrorismo no debería rebajar la alarma que sus actos provocan, según el fiscal, quien considera que su finalidad es subvertir el orden constitucional y provocar un clima de agitación social. Sin embargo, de Egea ha desechado considerarlo de ese modo.
Lo más grave es que no parece que exista estrategia alguna por parte del Estado, más allá de que uno de sus poderes trata de evadir toda responsabilidad, trasladándosela a otro.
Terrorismo e izquierda
Históricamente, – y hasta la irrupción del islamista – en España el terrorismo ha tenido una adscripción ideológica casi única. Aunque ocasionalmente pueden haberse producido actos terroristas de otra naturaleza ideológica, estos no han tenido continuidad ni han supuesto un verdadero peligro para el Estado; por no hablar de la comparación en cuanto al número de víctimas con respecto a los crímenes de la extrema izquierda.
Hay una lógica en ello. La izquierda es revolucionaria, lo que implica un rechazo de la legalidad que, históricamente, ha sido violento. De hecho, la extrema izquierda española ha perpetrado el asesinato de cuatro presidentes de gobierno en apenas setenta y cinco años; una verdadero récord Guinness europeo y, posiblemente, mundial. Buscar explicaciones de algún contenido moral es absurdo: el único motivo es político, es el de generar tensión y desestabilizar.
El terrorismo está ligado a formulaciones ideológicas radicales, pero para conseguir sus objetivos necesita de un cierto apoyo de la población. Los asesinatos de Cánovas, Canalejas y Dato no acercaron un milímetro la perspectiva revolucionaria, porque en la extrema izquierda anarquista ni había método ni organización. Por su parte, la estrategia de los GRAPO o del FRAP estaba inevitablemente lastrada por su aislamiento de la realidad social. Y tampoco tuvo influencia alguna el asesinato de Carrero, que no modificó en lo esencial las previsiones políticas de nadie más que muy a corto plazo.
Monarcas como Alfonso XIII o Juan Carlos I también han estado en el punto de mira del terrorismo, a sabiendas de que su muerte solo serviría para generar una breve inestabilidad pronto superada por las previsiones sucesorias dinásticas.
La ideología de todos estos grupos – ETA, GRAPO y FRAP – y otros menores ha sido siempre de extrema izquierda, maridando nacionalismo y radicalismo izquierdista.
Lo de los CDR es otra cosa. Porque no van a cometer los errores del pasado, porque la situación internacional es muy otra, y porque están conectados a media población de Cataluña. Y ese es el problema, exactamente ese, ante el que el Estado se hace el distraído.
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