La inmigración ilegal y descontrolada ha generado en los últimos años un creciente debate en España, especialmente en regiones como Murcia, donde los delitos cometidos por inmigrantes ilegales han aumentado la percepción de inseguridad ciudadana.
Sin embargo, un nuevo criterio nacional parece estar dificultando el acceso a información clave sobre estos hechos. Recientemente, al consultar a la Policía Nacional por parte de LA GACETA sobre la nacionalidad de un delincuente implicado en un robo violento en Murcia, la respuesta fue clara: «Desde hace unos días ya no aportamos ni edad ni nacionalidad, criterio establecido a nivel nacional». Este cambio en la política de comunicación, que limita la transparencia sobre datos relevantes, coincide con un contexto en el que la delincuencia asociada a la inmigración ilegal está en el punto de mira.
El caso en cuestión tuvo lugar esta semana cerca de la Biblioteca Regional de Murcia, donde un agente fuera de servicio presenció cómo dos individuos empujaban y robaban a una mujer de avanzada edad. Los autores intentaron huir en tranvía, pero uno de ellos fue interceptado tras una persecución. Aunque los detalles del suceso son claros, la negativa a revelar la nacionalidad de los implicados plantea preguntas sobre la intención que existe tras esta directriz. En un momento en que la ciudadanía demanda claridad, esta restricción informativa parece más un obstáculo que una solución.
LA GACETA, en sus publicaciones del último mes, ha documentado varios casos que evidencian la relación entre la inmigración ilegal y el aumento de la delincuencia en Murcia y otras regiones. Por ejemplo, el 16 de junio informó sobre la detención de seis marroquíes en Lorca (Murcia), acusados de perpetrar al menos cuatro robos violentos utilizando la técnica del mataleón, que consiste en estrangular a las víctimas hasta dejarlas inconscientes para robarles. Los detenidos, de entre 16 y 28 años, actuaban con gran violencia, generando alarma entre los vecinos.
Otro caso relevante, publicado por LA VERDAD el 2 de junio, relata la detención de dos argelinos en Murcia por derribar a un hombre en una plaza para robarle una cadena de oro. Ambos contaban con más de 30 detenciones previas, lo que pone de manifiesto la reincidencia de ciertos perfiles delictivos. Un tercer implicado, también extranjero, logró escapar.
La inmigración ilegal, lejos de ser un fenómeno aislado, ha alcanzado cifras récord en España. Según datos de 2024, 63.970 inmigrantes llegaron ilegalmente a España, un aumento significativo respecto a años anteriores. En este contexto, la decisión de ocultar la nacionalidad de los delincuentes no solo limita la capacidad de los medios para informar con precisión, sino que también alimenta la desconfianza ciudadana. Los datos del INE de 2023 muestran que los extranjeros representan un porcentaje desproporcionado en delitos como hurtos (34,27%) y robos (33,98%), a pesar de ser solo el 11,7% de la población.
La opacidad impuesta en los gabinetes de prensa de la Policía Nacional no resuelve el problema de la inseguridad, sino que lo agrava al privar a la sociedad de información crucial. La inmigración descontrolada, cuando no se gestiona adecuadamente, deriva en un aumento de la delincuencia, como se observa en Murcia. Es imperativo que las autoridades apuesten por la transparencia y por políticas migratorias efectivas que garanticen la seguridad ciudadana. Ocultar datos no disipa el problema; lo amplifica.
