La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una de las ONG más beneficiadas por fondos públicos para la gestión de la inmigración ilegal, ha admitido en su informe anual de este año que apenas el 18,5% de las solicitudes de protección internacional en España son aprobadas. Un dato que, lejos de ser un logro, pone en evidencia una realidad incómoda: la inmensa mayoría de los inmigrantes ilegales que llegan a España no cumplen los requisitos para obtener asilo o protección internacional. Sin embargo, CEAR continúa recibiendo cuantiosos recursos públicos mientras contribuye al efecto llamada que agrava la actual crisis migratoria.
Según la ONG, en 2024 España registró un récord histórico de 167.366 solicitudes de asilo, posicionándose como el segundo país de la UE con más peticiones, solo por detrás de Alemania. No obstante, de los 96.281 expedientes resueltos, solo el 18,5% obtuvieron una resolución favorable, lo que significa que más del 80% de los solicitantes no calificaron para protección internacional. Este porcentaje incluye tanto el estatus de refugiado —que cayó del 8,3% al 6,6%— como la protección subsidiaria, que aumentó especialmente para nacionales de Malí debido al conflicto existente en la zona.
CEAR, en su informe, señala que países como Venezuela (66.134 solicitudes), Colombia (40.140) y Mali (10.673) lideran las peticiones. Sin embargo, los datos son reveladores: el 98% de los venezolanos recibieron una autorización temporal por razones humanitarias, mientras que el 84% de las solicitudes colombianas fueron denegadas. Estos números confirman que la mayoría de los solicitantes no huyen de persecuciones o conflictos que justifiquen el asilo, sino que recurren al asilo de forma fraudulenta.
En sólo dos años y medio, CEAR ha recibido más de 226 millones de euros de administraciones gobernadas por el PSOE y por el PP, siendo un actor clave en el fomento de la inmigración ilegal. Sin embargo, informes como el de este año ponen de manifiesto que la mayoría de la inmigración por la que abogan, no huyen de lugares en conflicto y no precisan de asilo ni protección internacional. Aunque el espíritu del informe nace como una reivindicación ante la baja tasa de solicitudes aprobadas, pone en evidencia un sistema que no favorece realmente a los más necesitados y que únicamente resulta favorable para todo el conglomerado de partidos políticos, organizaciones y colectivos que se nutren económicamente cada año con la gestión de la debacle fronteriza a la que asistimos.
El informe de CEAR revela además que entre el 70 y el 80% de los inmigrantes ilegales que llegan en cayucos a Canarias solicitan asilo, a pesar de que la mayoría no cumple los criterios para obtenerlo, pero dichas solicitudes una vez son admitidas a trámite, les permite embarcan con destino a territorio peninsular, aunque más tarde dichas solicitudes sean declinadas. En 2024, Canarias registró 46.843 llegadas ilegales, un récord histórico, y Baleares vio un aumento del 300% con 5.995 llegadas por la vía de la ilegalidad, muchas desde Somalia a través de una nueva ruta. Estas cifras, lejos de reflejar una crisis de refugiados, sugieren un uso indebido del sistema de asilo por parte de inmigrantes económicos, facilitado por la permisividad de ONG como CEAR, que critican medidas como los visados de tránsito mientras defienden un acceso más amplio al procedimiento de asilo.
