Alrededor de 200 presos vinculados a delitos relacionados con el terrorismo yihadista han quedado en libertad en España en los últimos años, según recoge un informe del Departamento de Seguridad Nacional que analiza la evolución de las amenazas en el país. Estas excarcelaciones se han producido tanto por cumplimiento íntegro de condena como por el agotamiento del periodo máximo de prisión preventiva.
El documento, centrado en el ejercicio 2025, cifra en 176 los internos liberados desde 2022, aunque esa cifra ya habría aumentado con los casos registrados a lo largo de 2026. Las autoridades advierten de que una parte relevante de estos individuos mantiene intacta su ideología radical tras salir de prisión, lo que obliga a establecer mecanismos de seguimiento para evitar posibles reincidencias.
Cuando no es posible su expulsión del territorio nacional, se activan medidas como la libertad vigilada o controles específicos para limitar su capacidad de actuación y de influencia. Estas herramientas buscan contener riesgos en un contexto donde los servicios de información detectan continuidad doctrinal entre quienes abandonan los centros penitenciarios.
El sistema carcelario sigue siendo, de hecho, uno de los principales focos de preocupación. Actualmente, 85 personas cumplen condena por terrorismo yihadista, mientras que otras 152, clasificadas como presos comunes, están bajo observación por posibles procesos de radicalización. Los expertos señalan que factores como el aislamiento, la convivencia con líderes extremistas o determinadas tensiones de carácter cultural o religioso pueden favorecer la captación y el adoctrinamiento dentro de prisión.
Los perfiles de los investigados son diversos: desde individuos autoadoctrinados hasta captadores o integrantes de redes organizadas. Esta heterogeneidad complica la gestión del fenómeno y obliga a adaptar las estrategias de prevención y control a cada caso concreto.
En paralelo, el informe pone el foco en la dimensión internacional de la amenaza. España mantiene bajo vigilancia a 288 combatientes que partieron desde territorio nacional hacia zonas de conflicto. De ellos, 111 permanecerían aún en esos escenarios, 72 han regresado y 105 han fallecido. La inestabilidad en regiones como Siria, especialmente por la fuga de detenidos, incrementa el riesgo de reconfiguración de estructuras terroristas y del retorno de individuos con experiencia militar.
Este fenómeno se ve agravado por la evolución de la propaganda yihadista, cada vez más sofisticada y adaptada al entorno digital. Organizaciones como Al Qaeda o Daesh han intensificado su actividad en redes sociales, plataformas cifradas y espacios online descentralizados, difundiendo contenidos dirigidos especialmente a jóvenes. El uso de herramientas como la inteligencia artificial o la estética inspirada en videojuegos forma parte de una estrategia para acelerar los procesos de radicalización.
Uno de los actores más activos en este ámbito es el Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (ISKP), que ha desarrollado un potente aparato mediático con capacidad para llegar a audiencias occidentales a través de múltiples idiomas y canales digitales.
Por otro lado, la financiación de estas redes se sustenta en una combinación de vías legales e ilegales. Según el informe, se detecta el uso de salarios, ahorros o donaciones, junto a métodos más opacos como transferencias encubiertas, criptomonedas o el envío de dinero mediante sistemas informales. Incluso se han identificado casos en los que organizaciones aparentemente humanitarias han servido como canal para desviar fondos hacia estructuras vinculadas al yihadismo, especialmente en zonas de conflicto.
