El mayor volumen de irregulares se concentra en Cataluña -en particular en Barcelona y su periferia-, la región donde los marroquíes siempre han sido más abundantes.
Cerca de 250.000 marroquíes se encuentran en España en situación irregular como consecuencia de la crisis pero también del repunte en la llegada de pateras desde 2016, según pudo confirmar fuentes marroquíes y españolas.
La cifra supone la tercera parte de los 773.478 marroquíes registrados legalmente a fines de diciembre pasado; es decir, la suma de todos ellos eleva el volumen total de marroquíes a más de un millón, convirtiéndolos en la primera comunidad extranjera en España, con gran diferencia.
Las fuentes, procedentes de varios ministerios implicados (Interior, Asuntos Exteriores y Emigración) y que pidieron el anonimato por lo delicado del caso, subrayaron que el problema ya ha sido planteado por Rabat a nivel bilateral en busca de una solución, aunque el cambio de gobierno en España no hace presagiar un rápido desenlace.
Al mismo tiempo, destacaron que «no está habiendo expulsiones» de estos marroquíes en situación irregular, salvo aquellos implicados en delitos, y ello pese a que gran parte de los casos son sobradamente conocidos por la policía española y los consulados marroquíes.
El mayor volumen de irregulares se concentra en Cataluña -en particular en Barcelona y su periferia-, la región donde los marroquíes siempre han sido más abundantes.
Son también numerosos los casos en Andalucía, donde existen familias enteras residentes en pueblos del interior que, por culpa de la crisis, llevan meses o años con el permiso de residencia caducado.
La caducidad del permiso de residencia lleva aparejado la pérdida de los permisos de trabajo; sin ellos, se hace casi imposible renovar la residencia, convirtiéndose en un problema circular. Además, cualquier falta administrativa (una multa de tráfico, por ejemplo) hace imposible reclamar la «residencia por arraigo» que se obtiene a los tres años con ayuda de cualquier soporte documental.
En general, se trata de una población estabilizada en España, en muchos casos con niños en edad escolar, empadronados en sus diferentes municipios y con tarjetas sanitarias en vigor; el problema principal es haber perdido el trabajo con la crisis, y a continuación ver caducado el permiso de residencia tras agotar los periodos de subsidios y ayudas.
Pero también están los marroquíes llegados a España en la oleada de pateras que se registra desde hace dos años, tras el cambio de las rutas migratorias: las autoridades españolas calculan que entre 2016 y el primer trimestre de este año, hay más 30.000 marroquíes llegados a España por esta vía y que también están en la irregularidad.
Estos marroquíes suelen empadronarse al poco de llegar a España, a veces de forma colectiva en los llamados «pisos patera», y son muchos los que acuden a un centro médico para obtener así un documento que poder utilizar en su día como prueba de arraigo.
Los medios de subsistencia de todos ellos son variados: en su mayor parte, según coinciden las fuentes, están trabajando «en negro» en tres sectores principales: servicio doméstico, agricultura y construcción.
Así como otros colectivos reaccionaron de forma distinta a la crisis, ya fuera regresando a sus países o moviéndose en busca de otras oportunidades, los marroquíes son considerados como una población muy estable, arraigada en sus lugares y con gran capacidad de resistencia a la adversidad.
De hecho, y según pudo comprobar Efe hace tres y cuatro años, muchos cabezas de familia marroquíes que habían perdido sus empleos en España regresaron a Marruecos para emplearse como transportistas, pescadores u obreros, pero dejando a sus familias en España, pues su proyecto a largo plazo no pasaba por volver a su país de origen.
Fuentes del ministerio del Interior marroquí desmienten haber solicitado a España una nueva operación regularización que dé legalidad a sus compatriotas, recordando que «esa es una decisión soberana española», pero las fuentes españolas sostienen que han evocado el problema en varias reuniones.
Las fuentes también coinciden en que plantearse ahora una operación de regularización no hará sino crear un «efecto llamada» en un momento en que el tráfico de pateras se desplaza cada vez con más claridad desde el Mediterráneo central hasta la zona del Estrecho de Gibraltar.
En las seis operaciones de regularización emprendidas por España en el pasado, los marroquíes han sido siempre la primera comunidad beneficiada, a excepción de la última, en 2005, donde los 86.000 marroquíes (de un total de 690.000 regularizados) fueron superados por rumanos y ecuatorianos.