Otra trama más de puertas giratorias socialistas. La empresa navarra Servinabar, controlada por el entonces dirigente del PSOE Santos Cerdán, dio salida profesional al jurista Vicente Fernández, hombre de confianza de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, cuando esta ya no podía sostener su puesto en el Ministerio al haber sido confirmado su procesamiento judicial.
En febrero de 2021, Montero no podía seguir manteniendo vacante la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), como había hecho durante año y medio, debido a la decisión de la juez instructora del caso Aznalcóllar de confirmar la imputación de Fernández. Este alto funcionario había sido interventor general en la Junta de Andalucía durante la etapa de Montero y, tras su salto al Ministerio, fue colocado por ella al frente de la Sepi. Pero en octubre de 2019 tuvo que ser destituido por su primera imputación relacionada con la catástrofe minera de Aznalcóllar.
Durante ese tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez intentaba evitar mantener imputados en cargos de relevancia. Por ello, Montero mantuvo la presidencia de la Sepi vacante, esperando que su hombre de confianza fuese desimputado. Sin embargo, en marzo de 2021 los tribunales confirmaron definitivamente la acusación. Montero cesó su resistencia y nombró a Belén Gualda nueva presidenta de la Sepi.
¿Qué hacer entonces con Fernández? Pese a su trayectoria como alto cargo autonómico y estatal, terminó trabajando para una pyme navarra alejada de su Málaga natal: Servinabar, una empresa que oficialmente sólo tenía nueve empleados, de los cuales apenas tres con contrato indefinido. Detrás de esta modesta firma se encontraba Santos Cerdán, según descubrió la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un registro domiciliario, donde hallaron documentación que acredita su control del 45% de la empresa, aunque formalmente figuraba como único accionista Antxon Alonso.
El pasado jueves, Alonso emitió un comunicado negando delitos y cualquier participación accionarial de Cerdán, aunque admitió su «relación de amistad». Sin embargo, la UCO sostiene que Cerdán ejercía un control efectivo sobre la empresa, no sólo por el hallazgo documental, sino también por las grabaciones en las que se le escucha gestionando transferencias y decisiones empresariales.
Antes de incorporarse, Fernández solicitó y obtuvo el permiso de la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno para trabajar en Servinabar. Según El Mundo, no está claro hasta cuándo permaneció en la empresa. La noticia ha generado sorpresa entre varias fuentes de empresas vinculadas a la Sepi, dado el escaso tamaño y actividad de la firma navarra, más aún cuando, según los perfiles de Linkedin, buena parte de su plantilla está formada por trabajadores de origen venezolano con experiencia en PDVSA, la petrolera estatal chavista.
El escándalo salpica además al socialista Ramón Alzórriz, que este jueves formalizó su dimisión como portavoz en el Parlamento de Navarra y vicesecretario general del PSN, tras desvelarse que su pareja también había trabajado para Servinabar. La empresa, bajo sospecha, ha recibido adjudicaciones millonarias del Gobierno foral de María Chivite, como las obras de los túneles de Belate, según ha revelado El Mundo.
En 2021, año en que Fernández fue contratado, Servinabar declaró ingresos de un millón de euros, con unos gastos de personal de 530.000 euros y otros 134.000 para «servicios de profesionales independientes». Fernández obtuvo también autorización para trabajar con el despacho Martínez Escribano, ubicado en Andalucía, lo que sugiere que pudo compatibilizar ambas actividades.
La estrecha relación de Fernández con Montero es innegable. Fue ella quien lo colocó en la Junta de Andalucía, lo promovió a la Sepi, y lo defendió públicamente incluso tras confirmarse su imputación, asegurando que era «una persona de enorme valía». Por su parte, Cerdán ya había intentado previamente colocar a otros afines en empresas públicas, como ocurrió con Leire Díez en la estatal Enusa.
