Ceuta vive estos días con la sensación de que la excepcionalidad se ha instalado en sus calles. La ciudad autónoma arrastra todavía las consecuencias de la invasión de inmigrantes registrada a finales de julio y las fuerzas de seguridad afrontan una presión que ya empieza a reflejarse en uno de los principales termómetros de la actividad policial: el teléfono 091.
La sala de la Policía Nacional llega a recibir hasta 200 llamadas diarias al 091, según han denunciado CSIF y JUPOL. La cifra da una dimensión de la carga que soportan los servicios de seguridad ciudadana en una ciudad pequeña, encajada entre el Mediterráneo y Marruecos, donde cualquier incremento extraordinario de población o de incidentes tiene un impacto inmediato sobre unas plantillas limitadas.
No se trata únicamente de atender emergencias. Detrás de cada llamada hay una posible intervención, una patrulla que debe desplazarse, una incidencia que comprobar o una persona que reclama presencia policial. Y todo ello ocurre mientras una parte de los agentes permanece dedicada a dispositivos vinculados a la presión migratoria en Ceuta, la vigilancia fronteriza y la gestión de las consecuencias de la invasión, que ha transformado la ciudad.
Uno de los escenarios que mejor refleja esa transformación ha sido la playa de El Trampolín. El pasado 20 de agosto, las autoridades desalojaron de la zona a unos 3.500 ilegales que habían permanecido allí durante semanas. El Gobierno habilitó recintos para tratar de aliviar la presión sobre las calles y trasladar a parte de estas personas a espacios con servicios básicos. Pero tal y como se fueron, volvieron. Vasos comunicantes.
El paisaje que quedó atrás resumía buena parte de la situación, totalmente insostenible: tiendas improvisadas, malos olores, suciedad y una infraestructura urbana incapaz de absorber de forma ordinaria una situación de estas dimensiones. Y siempre con la sensación de que algo nuevo va a pasar a cada momento.
Una plantilla sin margen
La presión se traslada desde la frontera hasta el interior de la ciudad. Los agentes tienen que responder a las llamadas ordinarias de los vecinos mientras mantienen dispositivos extraordinarios relacionados con la invasión. Para los sindicatos, esa combinación explica que el 091 pueda alcanzar las 200 llamadas diarias y que la plantilla tenga cada vez menos margen para absorber nuevas necesidades.
JUPOL cifra en unos 60 los agentes de la Unidad de Intervención Policial disponibles por turno y en alrededor de 180 el despliegue total. A ello se suma, según la organización, el desplazamiento de policías desde otros puntos de España para reforzar los dispositivos. El problema, sostienen, no termina cuando llegan los refuerzos.
Algunos de esos agentes están alojados en módulos militares con habitaciones de hasta ocho literas ocupadas, problemas de ventilación y ausencia de aire acondicionado durante las altas temperaturas. ¿La razón? Que las dietas del Ministerio del Interior de Marlaska no alcanzan ni los 80 euros. JUPOL ha calificado estas condiciones de «denigrantes» y sostiene que existe incluso un único ventilador por módulo.
La imagen de una Policía obligada a reforzar una ciudad sometida a una presión extraordinaria mientras parte de sus efectivos duerme en instalaciones saturadas resume, para las organizaciones sindicales, el problema que quieren trasladar ahora al Ministerio del Interior.
CSIF y JUPOL han celebrado una reunión de urgencia y reclaman más efectivos, mejores alojamientos, actualización de las dietas y mayor respaldo jurídico. Ambos sindicatos consideran que la situación ha alcanzado un punto de «colapso organizativo y de seguridad» y advierten de que no puede sostenerse indefinidamente sobre el esfuerzo de unas plantillas que, aseguran, ya trabajan al límite.
La cifra de las 200 llamadas diarias funciona, en este escenario, como algo más que un dato estadístico: es el reflejo de una ciudad en la que la presión fronteriza ha terminado repercutiendo directamente sobre el servicio policial cotidiano.
