Según el expresidente andaluz, no debe ser descartada la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha defendido hoy que el Gobierno tiene «toda la legitimidad del mundo» para aplicar el artículo 155 de la Constitución con el fin de hacer frente a una situación «de especial gravedad» en Cataluña.
En un artículo publicado por el Grupo Joly ante el debate abierto sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Chaves señala que éste contempla una «solución procedente» y, en consecuencia, su aplicación «nunca debe ser descartada», ni siquiera con carácter previo al 1 de octubre, fecha del referéndum convocado por la Generalitat de Cataluña.
Aclara el expresidente andaluz que el artículo 155 no prevé, en ningún caso, la suspensión de una autonomía o la disolución de sus órganos de gobierno, pero sí establece que el Gobierno «puede adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad al cumplimiento obligatorio de sus deberes».
«Es duro decirlo, pero estamos asistiendo a un intento de golpe de Estado en el que sus promotores menosprecian las consecuencias políticas y económicas sobre los ciudadanos», sostiene Chaves, que aboga por una respuesta del Gobierno que evite, ante una «situación tan delicada», ahondar más la «brecha» abierta por los independentistas.
Y en este contexto, según el expresidente andaluz, no debe ser descartada la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
Según Chaves, existen razones políticas y constitucionales que avalan la decisión del Gobierno de impedir la celebración de la «consulta».
«El PSOE, en el marco de una política de Estado, coincide con el Gobierno en la necesidad de preservar la soberanía de todos los españoles; es decir, garantizar la vigencia de la Constitución española», asegura.
En todo caso, el Gobierno tiene que «tener previstos todos los escenarios posibles» y, como Estado democrático, España dispone -subraya Chaves- de la Constitución y las leyes para «poder declarar la nulidad de las decisiones inconstitucionales de las instituciones autonómicas así como para perseguir judicialmente las actuaciones de los gobernantes cuando son ilegales».
«En Cataluña estamos ante un intento claro de separar ilegalmente una parte del territorio de España (..) y me pregunto si, ante este supuesto de hecho, no estamos ante un delito de sedición que puede ser perseguido penalmente de acuerdo con el articulo 544 del Código Penal», reflexiona Chaves.
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