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Colau rechaza pedir perdón a la Guardia Urbana por su apoyo a Rodrigo Lanza

Respaldó con más de 50.000 euros al antisistema Rodrigo Lanza, condenado por dejar tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana y asesino confeso de Víctor Laínez.


La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, rechazó este miércoles pedir disculpas a la Guardia Urbana tras el polémico apoyo al antisistema y asesino confeso de Víctor Laínez, Rodrigo Lanza.
La regidora podemita felicitó a los nuevos mandos de la promoción interna de la Guardia Urbana y aseguró que «los galones implican ejemplaridad y exigencia en el trabajo» en un acto celebrado en el Ayuntamiento, en el que también ha estuvo presente el jefe de la Guardia Urbana, Evelio Vázquez.
«Habéis demostrado que queréis hacer carrera en un cuerpo en el que la vocación de servicio público es indispensable», dijo a los agentes promocionados. Pero rechazó pedir perdón por respaldar la emisión del documental Ciutat Morta.


Colau, según denunció el líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández, «respaldó económicamente al antisistema agresor Rodrigo Lanza, concediendo tres subvenciones que suman un total de 54.500 euros a la entidad Iridia, que da apoyo a los radicales y de la que forma parte su madre.
Fernández explicó que las subvenciones «se le concedieron en los años 2016 y 2017 por parte del teniente de alcalde de Derechos Sociales del Consistorio Jaume Asens, que había defendido la inocencia de Rodrigo Lanza tras ser condenado por dejar tetrapléjicode a Juan José Salas, agente de la Guardia Urbana», en un desalojo okupa en Barcelona que fue conocido por la emisión del documental Ciutat Morta, que atribuye todo a un «montaje policial» y que contó con el apoyo de Ada Colau y de periodistas izquierdistas como Julia Otero que le presentó como víctima.
La asociación recibió en 2016 una subvención ordinaria de 4.500 euros «para realizar un programa de atención a víctimas de vulneraciones de los derechos humanos en prisión». Ese mismo año se le concedió otra subvención extraordinaria de 30.000 euros, «para el desarrollo de un proyecto sobre ‘Derechos Civiles y libertades en el espacio público'» y en 2017 una última de 20.000 euros «para el servicio de atención y denuncia de situaciones de violencia institucional».
 
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