La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, se querellará contra los concejales del Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras y Carlos Sánchez Mato por la denuncia que presentaron contra ella por el caso Mercamadrid y que, según ha indicado, ha manchado su «honor y reputación».
«Ha sido un montaje por parte del partido que gobierna en el Ayuntamiento de Madrid y ha quedado acreditado que la señora Higueras y el señor Sánchez Mato plantearon una denuncia que omitía datos esenciales a la Fiscalía para entender la operación de Mercamadrid», ha señalado Dancausa.
La delegada del Gobierno se ha pronunciado así tras conocer que la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa abierta contra 16 investigados por supuesto delito de administración desleal del antiguo consejo de Mercamadrid, entre los que se encuentra ella misma.
En declaraciones a la prensa, ha señalado que tras la decisión que dicte el juez y que espera sea la «misma» que la que ha tomado el Ministerio Público, estudiará con sus abogados las «acciones judiciales pertinentes» para denunciar el daño que se ha hecho «a su honor y su reputación».
«Después de 40 años en la administración, jamás he tenido problemas ni denuncias y no voy a consentir que estas personas manchen la reputación que he tratado de mantener toda mi vida de manera rigurosa», ha proclamado la delegada del Gobierno.
A finales de abril de 2017 fue la propia Fiscalía la que presentó una denuncia contra estas 16 personas, entre las cuales estaba Dancausa como expresidenta del Consejo de Administración de Mercamadrid, las mismas para las que ahora se solicita el archivo de la causa, por la presunta comisión de un delito de administración desleal.
Entonces la Fiscalía entendía que los acuerdos de transacción y contratos de arrendamientos suscritos por Mercamadrid con la empresa Mercaocio 22 S.L. habían supuesto un «importante perjuicio patrimonial» para la primera, «a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio».
Fue el Ayuntamiento de Madrid el que, en enero de 2016, llevó a la Fiscalía el informe con las conclusiones de la investigación que hizo para averiguar si los antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial «lesivo» que le costó 623.000 euros al año.
Sin embargo, de las diligencias practicadas, declaraciones de investigados y documental aportada, para la Fiscalía se infiere que Mercamadrid suscribió el contrato de arrendamiento con Mercaocio para subarrendar al mismo tiempo las salas a Mercasa en las mismas condiciones pactadas con el arrendador.
Y añade que se trataba en realidad de una operación «a tres bandas» que permitía poner fin a los litigios existentes entre Mercamadrid y Mercaocio, de modo que si el subarriendo se hubiese llevado a cabo, ningún perjuicio se habría producido.
