Fuentes policiales de la Policía Nacional en Navarra han confirmado a este medio la sentencia dictada esta semana por la Audiencia Provincial contra un inmigrante ilegal de 35 años de origen marroquí, responsable de la agresión sexual a una niña de 13 años en un rincón apartado de la capital foral. El veredicto, notificado esta semana, impone una pena de diez años y un día de prisión, además de medidas de alejamiento y una indemnización de 60.000 euros a la víctima.
Los hechos, investigados por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, se remontan a la noche del 17 de octubre de 2022. Según el atestado policial, la menor, que había escapado de su domicilio junto a una amiga de 15 años, se topó con el agresor en las inmediaciones del barrio de La Rochapea. El hombre, que se comunicaba con las adolescentes mediante un traductor en su teléfono móvil, las guio hasta una zona ajardinada junto al río Arga, un lugar descrito por los investigadores como «oscuro, oculto y de difícil acceso», ideal para perpetrar el delito sin testigos.
Allí, aprovechando la soledad del paraje y el sueño de la otra menor, el condenado sometió a la niña de 13 años a una agresión sexual que duró varios minutos. «La víctima, en estado de shock inicial, no pudo resistirse debido a su edad y la intimidación del agresor», detallan las fuentes consultadas, que destacan cómo la menor reveló los pormenores de forma progresiva durante las declaraciones asistidas por psicólogos especializados. Tras el ataque, el condenado acompañó a las chicas hasta su portal, un gesto que, según la Policía, buscaba disimular su responsabilidad.
La investigación policial, que incluyó análisis forenses y recreaciones del escenario, se centró en la credibilidad del testimonio de la víctima, calificado por los agentes como «coherente y sin contradicciones». No se hallaron pruebas materiales directas, pero el perfil del agresor y la ausencia de motivaciones falsas para la denuncia reforzaron la acusación.
En el juicio oral, celebrado el pasado 14 de octubre ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, la Fiscalía y la acusación particular defendieron penas de hasta 12 años, agravadas por la minoría de edad y el lugar del crimen. La defensa, por su parte, abogó por la absolución, alegando falta de pruebas. Sin embargo, los magistrados optaron por diez años de reclusión, complementados con una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la menor durante una década, libertad vigilada posterior y la expulsión inmediata del territorio español una vez cumplida parte de la condena.
El caso de esta niña pamplonesa no es aislado en el contexto navarro, donde las estadísticas policiales registran un incremento del 15% en agresiones sexuales con autores extranjeros en los últimos tres años, según datos internos de la Delegación del Gobierno.
