El ex alcalde de Sevilla Antonio Torres (PSOE) ha sido condenado a dos años y tres meses de cárcel por cobrar casi 360.000 euros de sueldo de la Fundación Faffe (dependiente de la Junta de Andalucía) pese a que nunca trabajó ni desempeñó función alguna en dicha entidad. Así lo recoge la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla y adelantada por El Mundo, que también impone a Torres varias penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos y le considera cooperador necesario en un delito de malversación.
La resolución judicial establece que Torres fue contratado sin justificación alguna y que jamás asistió a la sede de la Fundación ni cumplió tareas asignadas. Los jueces detallan que su contratación se produjo tras haber perdido la alcaldía de Lebrija en 2003, momento en el que acudió a Fernando Villén —entonces director general de la Faffe— en busca de un empleo. Villén accedió, según el tribunal, por razones de amistad y afinidad política.
Villén, por su parte, ha sido condenado a tres años y seis meses de prisión como autor de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. El fallo también le impone seis años de inhabilitación absoluta y otros siete años de inhabilitación especial para ejercer funciones públicas. Ambos condenados se beneficiaron de la atenuante de dilaciones indebidas, dado el tiempo transcurrido desde la apertura del caso hasta la sentencia.
Según consta en los hechos probados, el cargo de Torres fue completamente ficticio. El propio Villén ideó una plaza inexistente dentro de la estructura administrativa de la Fundación, a la que llamó Dirección de Relaciones Externas, con un nombre pomposo pero sin contenido real. No había despacho, ni personal, ni funciones concretas; el puesto no figuraba en ningún organigrama oficial.
Además, Torres habría exigido que su contrato fuese indefinido desde el principio e impuso sus propias condiciones laborales. El tribunal resalta que ni siquiera existía necesidad real de ese puesto, ya que la Fundación estaba generosamente financiada con fondos públicos provenientes de subvenciones para formación laboral, lo que desmonta cualquier argumento sobre su papel como mediador para conseguir recursos
