El comisario general belga para los refugiados y los apátridas, Dirk Van den Bulcke, ha asegurado que para que Bélgica conceda asilo a otro ciudadano europeo, como podría ser el caso de Puigdemont, deben existir «señales serias de persecución» o de que corre riesgos en el país de origen.
«Debe haber señales serias de persecución pero, incluso en el caso de la persecución, (debe haber) una imposibilidad de obtener protección en el país», ha dicho Van den Bulcke en declaraciones recogidas por la cadena de televisión RTL.
Esta situación no se da en nuestro país, donde Puigdemont en caso de ser procesado se enfrentaría a un juicio con todas las garantías y en base a unas normas preestablecidas. España, además, está dentro de la Unión Europea donde la última instancia judicial es el Tribunal de DDHH, y forma parte de la mayoría de tratados internacionales sobre derechos fundamentales y libertades públicas.
El comisario no ha comentado el caso concreto de Puigdemont y algunos de sus exconsejeros, que han viajado este lunes a Bruselas después de que este domingo el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, sugiriese que el expresidente catalán puede solicitar «asilo político» en Bélgica.
Los cinco exconsejeros que han viajado con Puigdemont a Bruselas son los que ocupaban las carteras de Gobernación, Meritxell Borràs; Salud, Antoni Comín; Interior, Joaquim Forn; Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa; y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.
Dos de ellos pertenecen al PDeCAT -Borràs y Forn- mientras que los otros tres -Comin, Bassa y Serret- son de ERC.
Aunque ninguna fuente ha confirmado que la intención de Puigdemont y los exmiembros del Govern sea solicitar asilo político en Bélgica, el cantautor y hasta ahora diputado de Junts pel Sí (JxSí), Lluís Llach, ha dado por hecho que se exiliarán.
Por qué no puede ser asilado
La situación del expresidente catalán no encajaría en ninguno de los supuestos por los que un país podría concederle asilo, salvo que Bélgica se acogiera excepcionalmente al protocolo 24 del Tratado de la UE, lo que provocaría un controversia importante con España.
El caso de Puigdemont, que ha viajado a la capital belga con cinco exconsellers, no se ajusta a la figura del asilo territorial, dado que España es un «Estado seguro» en el sentido del artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951.
Además, los hechos cometidos por Puigdemont constituyen para la Fiscalía delitos graves comunes (sedición o rebelión) cometidos antes de la solicitud de asilo, que quedan fuera de la protección de Ginebra.
El asilo diplomático consiste en la protección a una persona objeto de persecución política o ideológica que se refugia en la misión diplomática de otro Estado.
Para ello, Puigdemont debería encontrarse en los locales de una misión diplomática en Madrid (o consular no honorario en Barcelona) y esta figura no rige entre países pertenecientes a la Unión Europa.
Respecto a este tipo de asilo, la confianza legítima entre los Estados miembros en que se funda el proceso de integración europea, hacen incompatible con la pertenencia a la UE la concesión de asilo a un nacional español por parte de otro Estado miembro.
Sin embargo, Bélgica podría acogerse a la posibilidad excepcional que le brinda el Protocolo 24 del Tratado de la Unión Europea, lo que provocaría una controversia importante entre ambos Estados, ya que sería poner en tela de juicio la consideración de España como «Estado seguro» y despreciar el esencial principio de confianza mutua entre los Estados miembros de la UE.
El Gobierno de José María Aznar consiguió en 1997 que la UE incorporara un protocolo al Tratado de Amsterdam -conocido como protocolo 24- sobre la limitación de la concesión de asilo político a ciudadanos de la UE.
El protocolo considera «inadmisible», salvo en casos de ruptura del orden democrático, y en cualquier caso «infundada», la tramitación de cualquier solicitud de asilo político presentada por ciudadanos de la UE en otro Estado miembro.
El primer ministro belga se desmarca
El primer ministro belga, Charles Michel, se desmarcó este domingo de las declaraciones de Francken y ha asegurado que el asilo para el expresidente catalán «no está en absoluto en el orden del día de su Gobierno».
El comisario Van den Bulcke ha señalado que es «normal» que exista la presunción de que no hay posibilidad de que un ciudadano europeo obtenga asilo en otro Estado miembro, «salvo, en teoría, en situaciones muy excepcionales, muy especiales».
Bélgica es uno de los pocos países europeos que tiene previsto un procedimiento de asilo para ciudadanos de otros Estados miembros, que tienen que presentar su solicitud en la Oficina de Extranjería.
Esta oficina remite la solicitud al Comisariado General para Refugiados y Apátridas (CGRS), que tiene cinco días para tomar una decisión contra la que no cabe recurso en caso de rechazo.
Sin embargo, esta institución puede optar por desestimar la solicitud «si no queda claro en la declaración del solicitante que él o ella tiene un miedo fundado a la persecución o corre un riesgo real de daños serios».
En los últimos diez años, minorías gitanas de Eslovaquia y Rumanía han recurrido a este procedimiento, aunque sin obtener respuesta positiva.
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