En menos de una semana, se han registrado dos okupaciones protagonizadas por un grupo de magrebíes en la playa de Tavernes de Valldigna. Además, la Policía ha desalojado a un okupa de una vivienda situada en plena zona afectada por la riada en Picanya, mientras que en Almazora, una vecina logró impedir otro intento de okupación al alertar a la Guardia Civil. Esta localidad acumula ya ocho intentos de allanamiento en los últimos dos meses. Estos son sólo algunos ejemplos recientes que reflejan el aumento de la okupación ilegal de viviendas en la Comunidad Valenciana.

Este fenómeno preocupa especialmente durante el verano, cuando muchas familias dejan sus hogares para disfrutar de las vacaciones. El director de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), Julián Tío Barraca, ha explicado a El Debate que, aunque los datos en bruto pueden no parecer alarmantes, el problema va mucho más allá de las cifras. «Lo que preocupa a la ciudadanía no es solo el número de casos, sino el sentimiento de inseguridad que generan», ha señalado.

Según Tío, la inquietud ciudadana crece ante la amenaza de la llamada «inquiokupación», que consiste en la okupación temporal de viviendas mientras sus dueños están ausentes por motivos puntuales, como hospitalizaciones o salidas breves. «Ya no se trata solo de fincas abandonadas, sino de hogares habitados donde los propietarios regresan y se encuentran con okupas», explica.

El sentimiento de inseguridad está aumentando y, para muchos vecinos, el miedo a salir de casa o dejarla desatendida es una realidad cada vez más palpable. La Comunidad Valenciana se enfrenta a un problema complejo que exige respuestas urgentes para garantizar la tranquilidad y protección de sus ciudadanos.