En septiembre de 2025 se cumplen cuatro años de la histórica erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, la más larga y destructiva en la historia moderna de la isla. El desastre, iniciado el 19 de septiembre de 2021, cubrió alrededor de 12km² de terreno habitado, destruyó cerca de 3.000 edificaciones y obligó a evacuar a unas 7.000 personas. Además, vastas áreas de cultivos, vitales para la economía local, quedaron bajo la lava, con pérdidas económicas que distintos estudios estiman cercanas a los 1.000 millones de euros.
A pesar del tiempo transcurrido desde el desastre, decenas de familias siguen viviendo en alojamientos provisionales, esperando soluciones definitivas para la reconstrucción de sus hogares y medios de vida. Las ayudas estatales y regionales, aunque anunciadas en varias ocasiones, no han llegado con la agilidad prometida. Los presupuestos generales estatales de 2024 y 2025 contemplaban una transferencia de 200 millones de euros para atender compensaciones y reconstrucción, pero dichos fondos permanecen bloqueados por decisiones administrativas y diferencias políticas entre instituciones.
En medio de este panorama, el Gobierno español ha lanzado una ambiciosa iniciativa científica: la ministra de Ciencia, Diana Morant, anunció este julio que España ofrece hasta 400 millones de euros para traer a La Palma el Telescopio de Treinta Metros (TMT), una instalación puntera en astrofísica. Esta propuesta busca situar a la isla como referente internacional en observación astronómica, aprovechando las óptimas condiciones del cielo canario y presentando La Palma como alternativa a Hawái, donde el proyecto ha encontrado fuerte oposición social y medioambiental, así como el reciente retiro del apoyo financiero de la National Science Foundation estadounidense.
En este contexto, colectivos locales y miembros del Cabildo han insistido en que las prioridades deben centrarse en la reconstrucción y la atención a quienes lo han perdido todo, alertando de la falta de soluciones estructurales para la emergencia social aún vigente. Desde algunos sectores se cuestiona también el volumen del presupuesto destinado al observatorio científico, cuando los afectados del volcán siguen esperando compensaciones y alternativas de vivienda estables.
