El Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado a través del Ministerio para la Transición Ecológica el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, proceso que se prolongará hasta 2033 y que tiene un presupuesto de 475 millones de euros.
El Ejecutivo ha publicado la orden ministerial por la que se inicia el procedimiento y también se autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor —empresa formada por Iberdrola y Endesa— a Enresa, responsable del desmantelamiento.
En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014. En agosto de 2017, esta solicitud fue denegada. Políticos del PP como el portavoz en el Senado Javier Maroto celebraron la decisión. «Han sido muchos años trabajando por el cierre de Garoña. Quienes hemos luchado por ello celebramos hoy haberlo conseguido definitivamente», escribió en Twitter.
En 2014, Maroto mostró su «oposición frontal» a la reapertura de Garoña. «Es una posición personal como ciudadano y política como alcalde de Vitoria», dijo. «No entiendo las vueltas que se le está dando al asunto de Garoña. Que se cierre de una vez», subrayó en mayo de 2013. «Me sumo a la satisfacción de quienes creen que el cierre de Garoña es una buena noticia para Vitoria», manifestó en noviembre de 2012.
