Un nuevo escándalo sacude al Ministerio de Cultura. Informes internos acreditan que el departamento conocía desde hace tiempo un presunto fraude sistemático con dinero público en la Fundación Instituto de Cultura Gitana, pero optó por no trasladar el caso a la Fiscalía pese a las recomendaciones explícitas de los técnicos, según informa ABC.
La entidad, creada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y financiada con más de siete millones de euros de fondos públicos, habría sido utilizada durante años para cobrar dietas falsas y justificar gastos inexistentes, según las auditorías realizadas.
El principal señalado es el exdirector Diego Fernández, vinculado al PSOE, que fue destituido en 2025 una vez conocidos los informes, aunque el Ministerio ocultó entonces los motivos reales de su cese.
Las irregularidades detectadas son de gran alcance. Un informe del Centro de Coordinación de Industrias Culturales revela que el cobro fraudulento de kilometraje se venía produciendo de forma sistemática al menos desde 2009.
Sólo en un año, los responsables de la fundación llegaron a declarar más de 110.000 kilómetros en desplazamientos, muchos de ellos supuestamente realizados en un mismo día y entre ciudades incompatibles entre sí.
Los técnicos detectaron casos inverosímiles: trayectos simultáneos en distintas ciudades, viajes que coincidían con estancias en hoteles en otros lugares o dietas duplicadas para el mismo día. En algunos supuestos, los implicados habrían recorrido más de 1.200 kilómetros en una sola jornada, sin pernoctar.
El mecanismo era simple: en lugar de utilizar medios de transporte más baratos como tren o avión, se justificaban viajes ficticios en vehículo propio para inflar las dietas y quedarse con el dinero público.
Las irregularidades no se limitan a los desplazamientos. La inspección también detectó facturas presuntamente manipuladas para justificar subvenciones anuales de hasta 350.000 euros, así como gastos por actividades que nunca llegaron a celebrarse.
Ante la gravedad de los hechos, los informes internos instaban claramente a remitir el caso al Ministerio Fiscal. Sin embargo, el Ministerio de Cultura, bajo responsabilidad de la subsecretaria Carmen Páez, decidió no actuar.
Finalmente, ha sido la Autoridad Independiente de Protección del Informante la que ha llevado el caso ante la Fiscalía de Madrid, que ya ha abierto diligencias por posibles delitos de apropiación indebida y falsedad documental.
Desde el entorno del ministro Ernest Urtasun han intentado minimizar el escándalo, asegurando que detectaron irregularidades menores en 2025, pese a que los informes internos ya alertaban de un sistema fraudulento consolidado durante más de una década.
