Un grupo de decenas de españoles se ha movilizado frente a las puertas de la Conferencia Episcopal para protestar contra lo que consideran una traición de los obispos por su actitud ante el futuro del Valle de los Caídos. Desde primera hora del día, los alrededores de la sede episcopal en la calle Añastro han sido escenario de una protesta inusual, en la que los manifestantes han acusado a la jerarquía católica de colaborar con el Gobierno en la resignificación del emblemático enclave.
Portando pancartas y lanzando proclamas como «traidores» o «cobardes», los congregados han expresado su indignación mientras los prelados accedían al edificio para participar en la Asamblea Plenaria. Uno de los carteles más llamativos señalaba tanto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, como al cardenal arzobispo de la capital, José Cobo, a quien atribuyen un papel clave como mediador entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Vaticano en todo el proceso.
En los muros cercanos al lugar también han aparecido pintadas acusando a los obispos de «vender a Cristo por 30 monedas», aludiendo a una supuesta claudicación ante el poder político. Estas expresiones de malestar reflejan un creciente sector de fieles que considera que la Iglesia ha cedido demasiado terreno en cuestiones que consideran sagradas.
La protesta ha coincidido con la celebración de la Plenaria de los obispos, donde ni el presidente del episcopado, Luis Argüello, ni el nuncio apostólico, en su intervención de despedida, han hecho alusión alguna a la polémica del Valle. Este silencio ha sido interpretado por muchos manifestantes como una muestra de connivencia o indiferencia por parte de los responsables eclesiásticos.
A la salida de una de las sesiones, el cardenal José Cobo ha sido preguntado directamente por la manifestación. Su respuesta ha sido breve pero reveladora: se ha declarado «perplejo» ante lo sucedido. Sin embargo, sus palabras no han calmado los ánimos de quienes lo consideran responsable directo de haber facilitado, supuestamente, la salida del prior Santiago Cantera y de haber dado luz verde a los planes del Gobierno para transformar el sentido del lugar.
