El Tribunal Constitucional avaló este jueves la ley de amnistía al golpe separatista que propició el mantenimiento de Pedro Sánchez en La Moncloa. La izquierdista Inmaculada Montalbán fue la encargada de redactar la ponencia.
Siempre estuvo cerca de la órbita socialista. En 2012, la Junta de Andalucía le concedió de la mano del entonces presidente socialista José Antonio Griñán la Medalla de la región. Según la resolución del Boletín Oficial lo logró por su «firme defensa del Estado de Derecho». Doce años después tuvo gran protagonismo en el borrado de las condenas por la trama corrupta de los ERE al propio Griñán y a Manuel Chaves.
Fue vocal del CGPJ a propuesta del PSOE; presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial; y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Y pertenece a la asociación izquierdista Jueces para la Democracia.
Ahora ha sido la ponente de la sentencia sobre la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del golpe separatista catalán. Ha concluido que la medida de gracia no está prohibida en la Carta Magna y que persigue una finalidad «legítima»: «El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente».
Cuatro magistrados ratifican la inconstitucional de la ley
Los cuatro magistrados que se han opuesto (frente a seis) consideran que la amnistía es inconstitucional. El magistrado Enrique Arnaldo afirma que la norma es «frontalmente» contraria a los «principios esenciales» del ordenamiento constitucional: la seguridad jurídica, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la separación de poderes o la independencia del poder judicial.
Arnaldo califica la sentencia de «errada», «errática» e «incapaz de corregir los excesos» y «la arbitrariedad del legislador, cuya obra «se ampara mediante el recurso al torpe maquiavelismo del fin justificador de los medios, por más que se haya acreditado que estos suponen una flagrante violación de la Constitución». «Este tribunal ha abdicado de su función de garante de la primacía de la Constitución», ha concluido.
