La asociación Hazte Oír ha interpuesto una nueva denuncia contra Pedro Sánchez ante de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un presunto delito de malversación por utilizar recursos públicos para promocionar su libro Tierra firme en un acto celebrado el pasado diciembre y presentado por el periodista Jorge Javier Vázquez. La denuncia, a la que tuvo acceso Vozpópuli, resalta que mientras se emplean recursos públicos para promover el libro del presidente, Moncloa se niega a revelar el contrato editorial firmado por Sánchez con el Grupo Planeta, alegando que pertenece a su esfera privada.
Las ganancias que Sánchez obtenga de la venta de este libro, que se ha promocionado utilizando fondos públicos, irán directamente a su beneficio personal. «Es importante destacar claramente que los beneficios derivados de la publicación del libro Tierra Firme son estrictamente privados. En este punto, deseamos subrayar dos elementos contrastantes: el contrato privado (y su correspondiente contraprestación privada) y la difusión pública (cuyos costos son asumidos por el erario público)», menciona la denuncia.
El denunciante argumenta que estos hechos «podrían ser constitutivos de un delito de malversación por uso privado, según el artículo 432 bis del Código Penal. Este precepto sanciona a ‘la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas’”.
La organización Hazte Oír sostiene en su denuncia que «la promoción de la presentación de un libro escrito a título particular no guarda relación alguna con las funciones públicas del presidente. Este es un trabajo en el que Pedro Sánchez figura como coautor a título personal y no en el contexto de sus funciones institucionales».
El Ejecutivo no solo transmitió el evento a través de la web y las redes sociales de Moncloa, sino que también recurrió a los servicios de imagen (peluquería y maquillaje) contratados por la Presidencia del Gobierno —Sánchez ha gastado 250.000 euros en este ámbito desde 2020—, según los documentos oficiales. Además, se emplearon «medios propios de la Unidad de Logística Informativa, compuestos por un vocal asesor, un operador de cámara y un fotógrafo» y se dispuso de un dispositivo de seguridad de la llamada cápsula presidencial.
El streaming por sí solo tuvo un costo de 3.000 euros, pagados a Servicios Audiovisuales Overon S.L., una compañía de Mediapro creada para ofrecer servicios audiovisuales, cuyo principal responsable es Jaume Roures.
