La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por sus declaraciones del 1 de octubre, cuando aseguró que “el síndrome posaborto no existe” y lo calificó como un “bulo”.
La entidad jurídica considera que la titular de Sanidad podría haber incurrido en un delito contra la salud pública por imprudencia grave, según el artículo 367 del Código Penal, en relación con los artículos 359 y siguientes, así como en un posible delito de prevaricación administrativa tipificado en el artículo 404.
Desde Abogados Cristianos alertan de que negar los efectos adversos del aborto “vulnera el deber de ofrecer información veraz en materia sanitaria” y “expone a las mujeres a tomar decisiones sin conocer los riesgos reales”, lo que, advierten, puede tener graves consecuencias para su salud física y psicológica.
La fundación ha acompañado su denuncia con varios estudios científicos que recogen secuelas tanto físicas como emocionales derivadas del aborto. También ha aportado una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo —ratificada por el Tribunal Supremo— que condenó a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) por publicidad engañosa, al ocultar precisamente las posibles secuelas de esta práctica.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha recordado que el aborto “es una intervención con múltiples riesgos y secuelas para la mujer” y ha subrayado que negarlo “no sólo es irresponsable, sino ilegal, porque pone en grave peligro su salud y constituye una forma de coacción”. Castellanos denuncia además que “esta desinformación sólo beneficia a los empresarios del aborto, entre los que se encuentran personas vinculadas al PSOE, que anteponen sus intereses económicos a los derechos y a la integridad de las mujeres”.
