El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado un posible caso de fraude relacionado con la emisión de certificados de vulnerabilidad a inmigrantes en situación ilegal, unos documentos fundamentales para acceder al proceso extraordinario de regularización impulsado recientemente por el Gobierno. Según la organización policial, varias asociaciones y ONG autorizadas por el Ministerio de Migraciones estarían entregando estas acreditaciones sin realizar comprobaciones sociales reales y, en algunos casos, vinculándolas presuntamente al pago de cuotas económicas.
La denuncia avanzada por The Objective se centra especialmente en la provincia de Almería, aunque las consecuencias del nuevo procedimiento ya se han dejado sentir en distintos puntos del país. El SUP sostiene que algunos inmigrantes estarían obteniendo el certificado simplemente rellenando un formulario oficial con sus datos personales, acompañado del sello y la firma de la entidad correspondiente, sin entrevistas previas, análisis individualizados ni seguimiento social efectivo.
El documento de vulnerabilidad resulta determinante para optar al permiso de residencia dentro del nuevo mecanismo de regularización. La normativa establece que los solicitantes deben acreditar al menos una de varias circunstancias: situación de exclusión social, falta de ingresos, sinhogarismo, dificultades de acceso al empleo, riesgos psicosociales o haber trabajado o convivido con unidad familiar en España. Además, deben demostrar ausencia de antecedentes penales y haber residido en territorio español durante al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026.
Lo más preocupante para el sindicato policial es que, según sus informaciones, algunos certificados podrían estar siendo obtenidos mediante pagos indirectos de entre 80 y 100 euros. Estas cantidades se presentarían formalmente como donaciones o cuotas de afiliación a las asociaciones, acompañadas incluso de un número de socio, lo que dificultaría encajar jurídicamente estas prácticas como un cobro directo por el documento.
El SUP considera que esta dinámica desvirtúa completamente la finalidad del certificado de vulnerabilidad, concebido originalmente como una herramienta de valoración social individual y no como un trámite automático. A juicio del sindicato, el sistema corre el riesgo de convertirse en un simple procedimiento burocrático basado en formularios sellados sin ningún control efectivo.
La enorme presión generada por el proceso de regularización ha provocado además escenas de caos y tensión en distintos puntos de España. Las dificultades para conseguir citas y la saturación administrativa han empujado a miles de inmigrantes a concentrarse frente a embajadas, oficinas de extranjería y sedes de ONG con el objetivo de conseguir la documentación necesaria.
Uno de los episodios más complicados se produjo en la embajada de Gambia en Madrid, donde cerca de 300 personas aguardaban para realizar trámites después de que el país africano estableciera un plazo muy reducido para gestionar solicitudes. La situación obligó al despliegue de unidades antidisturbios de la Policía Nacional ante el temor a altercados.
El momento de mayor tensión llegó cuando varias personas intentaron acceder al recinto diplomático saltando elementos del perímetro para tratar de conseguir cita. Los agentes tuvieron que permanecer varios días en la zona debido a que numerosos ciudadanos pasaron incluso la noche en las inmediaciones de la embajada para intentar ocupar los primeros puestos de la fila.
Escenas similares se reprodujeron también en Murcia, donde alrededor de un millar de personas se concentraron ante la sede de una ONG para solicitar el certificado de vulnerabilidad. Las discusiones y enfrentamientos entre quienes esperaban obligaron a desplegar unidades policiales de refuerzo y servicios sanitarios de emergencia, que tuvieron que atender distintos incidentes médicos, entre ellos un ataque epiléptico.
En oficinas de organizaciones situadas en Elche y Málaga también se registraron largas colas y momentos de tensión. En el caso malagueño, varios inmigrantes trataron de saltarse el orden de espera, lo que derivó en enfrentamientos y obligó finalmente a intervenir a los antidisturbios para recuperar el control.
Fuentes policiales señalan además que en los últimos días se han producido diversas detenciones relacionadas con peleas y atentados contra agentes, especialmente en oficinas de Extranjería de Almería, en un contexto marcado por la creciente presión migratoria y administrativa derivada del nuevo proceso de regularización.
