¿Tiene los mismos derechos un ciudadano de Logroño que uno de Alicante? ¿Por qué un sevillano no goza de las mismas oportunidades para acceder a un puesto en la administración regional de Cataluña que un ilerdense?
La crisis catalana ha puesto de manifiesto las desigualdades que existen entre las diferentes regiones de EspaƱa. Muchos no sabĆan hasta hace unos meses quĆ© es eso del Cupo Vasco, y ahora han podido comprobar cómo el Gobierno central (da igual su color) mercadea con los votos nacionalistas para poder aprobar los Presupuesto Generales. TambiĆ©n se habla en estos momentos de la quita de la deuda a CataluƱa, propuesta por los separatistas e Iceta y que ha enfurecido al resto de comunidades autónomas.
Todo este tipo de cuestiones, ademĆ”s de alguna otra que se expondrĆ” a continuación, han procurado que los partidarios de fulminar el Estado de las AutonomĆas siga in crescendo.
El CIS del mes de octubre refleja que el 17,5% de los españoles apuesta por un modelo centralizado, dos puntos mÔs que el anterior barómetro realizado en el mes de julio. También ha aumentado unas décimas (del 10,2 al 10,7) el porcentaje de ciudadanos que defienden el recorte de competencias de las regiones.
Las desigualdades en Sanidad, Educación y el acceso al cuerpo funcionarial podrĆan explicar este modesto viraje hacia el espĆritu recentralizador. Un asturiano no tiene las mismas posibilidades que un catalĆ”n para ser mĆ©dico dependiendo de la región, la lista de espera para someterse a una operación en Murcia no es la misma que en Galicia y la inmersión lingüĆstica ha provocado una brecha entre los alumnos segĆŗn su idioma.
Desigualdades en Sanidad
La diferencia del gasto en Sanidad alcanza una variación de hasta el 54% dependiendo de la región. AsĆ lo ha puesto de manifiesto el presidente del CĆrculo de la Sanidad, Ćngel Puente, que ha afirmado que estas cifras reflejan que en EspaƱa hay un sistema desestructurado, descoordinado, ineficiente e incapaz de asegurar la igualdadĀ».
El informe realizado por la institución que dirige, analizando los gastos en este sector entre 2008 y 2014, arroja datos muy preocupantes: en 2014 la comunidad autónoma con un mayor gasto sanitario per cÔpita fue Castilla y León, con 1.623 euros, 570 euros mÔs que Castilla-La Mancha, que con 1.053 euros por habitante era la que menos gasto destinó ese año.
Como norma general, el noroeste del paĆs destina mĆ”s fondos a la Sanidad y elĀ sureste registra las cifras mĆ”s bajas. Mientras Baleares y Comunidad Valenciana gastan menos de 1,200 euros por persona, en Asturias, Navarra o Cantabria se superan los 1.400 euros per cĆ”pita.
Y la gestión de esos fondos autonómicos tambiĆ©n es diferente dependiendo de la región. Un espaƱol tiene que esperar de media casi cinco meses para ser intervenido quirĆŗrgicamente. Canarias lidera la lista, con 182 dĆas, seguida de CataluƱa (173), Castilla-La Mancha (162) y Extremadura (134). Melilla con 33 dĆas, Ceuta con 31, La Rioja con 49 y el PaĆs vasco (50) son las comunidades autónomas donde la lista de espera es menor.
Si se toma la tasa de pacientes en espera por cada 1000 habitantes, es CataluƱa la comunidad peor parada (22,09), con una cifra dos veces superior a la de AndalucĆa (7,94) o Madrid (9,40). En total, 157.701 pacientes estĆ”n pendientes de una operación en CataluƱa, la cifra mĆ”s alta de la lista.
El absurdo de la descentralización
La Gaceta ha conocido el caso de un paciente oncológico de Miranda de Ebro (Burgos) que debe acudir diariamente a recibir tratamiento médico. El hospital mÔs cercano que ofrece esos servicios se encuentra a 33,7 kilómetros (media hora) en coche, en la provincia de Vitoria.
Sin embargo, este paciente debe acudir obligatoriamente al Hospital Universitario de Burgos, que se halla a una distancia de 81,8 kilómetros (una hora y 22 minutos). Y esto supone un coste económico adicional, ya que se puede ir mediante transporte público o privado, y en este último caso hay que pagar peaje.
El acceso al cuerpo funcionarial
Pongamos un ejemplo sencillo para explicar el esperpento. Un ciudadano de Teruel decide irse a vivir a Gerona y opositar para convertirse en funcionario de la Generalitat. Sin embargo, este aragonƩs no tiene ni idea de hablar catalƔn. Esta barrera idiomƔtica le impide obtener la plaza.
Ahora analicémoslo a la inversa. Un ciudadano de Gerona que decide trasladarse a vivir a Teruel y opositar. Pero en Aragón sólo hay un idioma oficial y no se exige el conocimiento de otra lengua para acceder al cuerpo funcionarial, por lo que el gerundense obtiene la plaza en condiciones de igualdad.
ĀæEs esto igualdad?
CataluƱa, PaĆs Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia aplican un requisito lingüĆstico para acceder a las plazas que oferta el ejecutivo autonómico.
En Cataluña, si quiere acceder a un puesto de la Administración de la Generalitat, de corporaciones locales, servicios de las universidades, personal de sus entidades autónomas y personal de los consorcios en los que participa mayoritariamente alguna de estas instituciones, es obligatorio saber catalÔn en base a la Normativa de Función Pública. Pueden quedar eximidos tanto el personal interino como el laboral temporal.
En Baleares, gracias al giro nacionalista del PSOE, hemos conocido el testimonio de la Ćŗnica neuropediatra de Ibiza que podrĆa perder su plaza por no saber catalĆ”n. Con la llegada de Francina Armengol al poder, el idioma cooficial ha pasado de ser un mĆ©rito a un requisito para obtener un puesto en la administración autonómica. La ley contempla excepciones: la carencia o insuficiencia de profesionales, y cuando āse tengan que contratar investigadores o cientĆficos de Ć”mbito nacional o internacionalā.
En la Comunidad Valenciana la situación es similar, aunque fue el Partido Popular el encargado de comenzar la cruzada contra el castellano: en 2002 introdujo la obligatoriedad del valenciano para los puestos de enseñanza en primaria, y en 2013 lo extendió a los niveles educativos superiores. Ahora la izquierda de Ximo Puig y Mónica Oltra extenderÔn este requisito a toda la función pública.
En PaĆs Vasco, el euskera se exige en función de la realidad sociolingüĆstica del municipio, provincia o la región en general, estableciendo cuotas. Se fija un perfil lingüĆstico con distintos niveles que se adecĆŗa a los conocimientos de la población. La policĆa autonómica, la Educación y la Sanidad se rige por planes especĆficos.
En Galicia tambiĆ©n hay distintos grados de conocimiento y el idioma es preceptivo para acceder a un puesto en la administración territorial, sea cual sea el nivel. Pueden pedir la exención las personas con discapacidad fĆsica o psĆquica igual o superior al 33% que justifiquen que no pueden acreditar alguna de las destrezas comunicativas.
El fracaso de la inmersión lingüĆstica
Volvamos al ejemplo anterior de Teruel y Gerona, pero ahora es un niƱo el que tiene que estudiar en catalĆ”n. Ese alumno, segĆŗn Convivencia Civil Catalana, tendrĆ” menos oportunidades: āāLas Ć©lites serĆ”n catalanoparlantes de base, las mejores oportunidades serĆ”n para ellos porque la inmersión lingüĆstica les facilita el Ć©xito acadĆ©mico y un mejor aprendizajeāā, denunció a El Mundo el responsable de Estudios de esta entidad, JesĆŗs Sanz.
Y es que la inmersión lingüĆstica ha sido una autĆ©ntica cruz para los estudiantes castellanohablantes. SegĆŗn el informe PISA de 2015, estos alumnos suspenden mĆ”s que los catalanohablantes.
āāNo es arriesgado decir que la desigualdad educativa entre castellanohablantes y catalanes introducida por la inmersión lingüĆstica en CataluƱa se plasma tambiĆ©n en una desigualdad profesional y social entre la población, quizĆ”s deseada de forma voluntaria por algunos ingenieros sociales del nacionalismo catalĆ”nāā, explicó Sanz.
El adoctrinamiento en aulas
Los casos se multiplican, y ya no sólo en CataluƱa. Una ciudadana sueca denunciaba hace unos meses a La Gaceta la Ā«incomprensibleĀ» situación de la Educación en Baleares: Ā«Todo esto es de locosĀ». Ha pedido āauxilio a Madridā. Nadie hace nada.
Lena Erikson (pide al redactor no publicar su nombre real) es una ciudadana sueca que, por los avatares de la vida, acabó viviendo en nuestro paĆs. En concreto en la isla de Ibiza. AllĆ se estableció hace algunos aƱos y hoy regenta un pequeƱo negocio.
Desde hace algunos aƱos es mamĆ” y ha sido desde entonces que ha descubierto con sorpresa la realidad educativa de las Islas Baleares: āĀ”No podemos elegir eduación en castellano para nuestros niƱos en la escuela pĆŗblica!ā.
Y luego estÔ el tema del adoctrinamiento, negado por el separatismo y hasta el Ministerio de Educación. Pero ya estaba ahà La Gaceta para refrescarles la memoria.
25 denuncias de adoctrinamiento en CataluƱa que desmienten al PP
Estos son sólo algunos ejemplos de la desigualdad territorial que impera en nuestro paĆs. Lejos de intentar atajar el problema, los partidos polĆticos insisten en la necesidad de una reforma constitucional para, entre otras cosas, dar cierto encaje especial a algunas comunidades autónomas. La pregunta que cabrĆa hacerse es clara: ĀæHay ciudadanos de primera y de segunda en EspaƱa?
Alguna publicidad valiente y la ayuda desinteresada de muchos lectores como tĆŗ han hecho posible esta noticia. Conoces nuestra lĆnea editorial, a contracorriente de la ideologĆa dominante y desacomplejadamente comprometida con la dignidad humana, la unidad de EspaƱa y la identidad de Europa. No es fĆ”cil ni es barato sostener un medio de comunicación que beba de estos postulados, siempre contra los mĆ”s poderosos. Por eso te pedimos que nos ayudes con una aportación, que formes parte de nuestro proyecto, que ayudes a que sigamos incordiando al Poder. Puedes hacerlo de varias maneras, infórmate aquĆ.
La polĆtica bilingüista en Baleares, un riesgo (literal) para la salud