La desigualdad entre españoles, en datos: La brecha en Sanidad y Educación

¿Tiene los mismos derechos un ciudadano de Logroño que uno de Alicante? ¿Por qué un sevillano no goza de las mismas oportunidades para acceder a un puesto en la administración regional de Cataluña que un ilerdense?

La crisis catalana ha puesto de manifiesto las desigualdades que existen entre las diferentes regiones de España. Muchos no sabían hasta hace unos meses qué es eso del Cupo Vasco, y ahora han podido comprobar cómo el Gobierno central (da igual su color) mercadea con los votos nacionalistas para poder aprobar los Presupuesto Generales. También se habla en estos momentos de la quita de la deuda a Cataluña, propuesta por los separatistas e Iceta y que ha enfurecido al resto de comunidades autónomas.
Todo este tipo de cuestiones, además de alguna otra que se expondrá a continuación, han procurado que los partidarios de fulminar el Estado de las Autonomías siga in crescendo.
El CIS del mes de octubre refleja que el 17,5% de los españoles apuesta por un modelo centralizado, dos puntos más que el anterior barómetro realizado en el mes de julio. También ha aumentado unas décimas (del 10,2 al 10,7) el porcentaje de ciudadanos que defienden el recorte de competencias de las regiones.
Las desigualdades en Sanidad, Educación y el acceso al cuerpo funcionarial podrían explicar este modesto viraje hacia el espíritu recentralizador. Un asturiano no tiene las mismas posibilidades que un catalán para ser médico dependiendo de la región, la lista de espera para someterse a una operación en Murcia no es la misma que en Galicia y la inmersión lingüística ha provocado una brecha entre los alumnos según su idioma.

Desigualdades en Sanidad

La diferencia del gasto en Sanidad alcanza una variación de hasta el 54% dependiendo de la región. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, que ha afirmado que estas cifras reflejan que en España hay un sistema desestructurado, descoordinado, ineficiente e incapaz de asegurar la igualdad».
El informe realizado por la institución que dirige, analizando los gastos en este sector entre 2008 y 2014, arroja datos muy preocupantes: en 2014 la comunidad autónoma con un mayor gasto sanitario per cápita fue Castilla y León, con 1.623 euros, 570 euros más que Castilla-La Mancha, que con 1.053 euros por habitante era la que menos gasto destinó ese año.
Como norma general, el noroeste del país destina más fondos a la Sanidad y el sureste registra las cifras más bajas. Mientras Baleares y Comunidad Valenciana gastan menos de 1,200 euros por persona, en Asturias, Navarra o Cantabria se superan los 1.400 euros per cápita.
Y la gestión de esos fondos autonómicos también es diferente dependiendo de la región. Un español tiene que esperar de media casi cinco meses para ser intervenido quirúrgicamente. Canarias lidera la lista, con 182 días, seguida de Cataluña (173), Castilla-La Mancha (162) y Extremadura (134). Melilla con 33 días, Ceuta con 31, La Rioja con 49 y el País vasco (50) son las comunidades autónomas donde la lista de espera es menor.
Si se toma la tasa de pacientes en espera por cada 1000 habitantes, es Cataluña la comunidad peor parada (22,09), con una cifra dos veces superior a la de Andalucía (7,94) o Madrid (9,40). En total, 157.701 pacientes están pendientes de una operación en Cataluña, la cifra más alta de la lista.

El absurdo de la descentralización

La Gaceta ha conocido el caso de un paciente oncológico de Miranda de Ebro (Burgos) que debe acudir diariamente a recibir tratamiento médico. El hospital más cercano que ofrece esos servicios se encuentra a 33,7 kilómetros (media hora) en coche, en la provincia de Vitoria.
Sin embargo, este paciente debe acudir obligatoriamente al Hospital Universitario de Burgos, que se halla a una distancia de 81,8 kilómetros (una hora y 22 minutos). Y esto supone un coste económico adicional, ya que se puede ir mediante transporte público o privado, y en este último caso hay que pagar peaje.

El acceso al cuerpo funcionarial

Pongamos un ejemplo sencillo para explicar el esperpento. Un ciudadano de Teruel decide irse a vivir a Gerona y opositar para convertirse en funcionario de la Generalitat. Sin embargo, este aragonés no tiene ni idea de hablar catalán. Esta barrera idiomática le impide obtener la plaza.
Ahora analicémoslo a la inversa. Un ciudadano de Gerona que decide trasladarse a vivir a Teruel y opositar. Pero en Aragón sólo hay un idioma oficial y no se exige el conocimiento de otra lengua para acceder al cuerpo funcionarial, por lo que el gerundense obtiene la plaza en condiciones de igualdad.

¿Es esto igualdad?

Cataluña, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia aplican un requisito lingüístico para acceder a las plazas que oferta el ejecutivo autonómico.
En Cataluña, si quiere acceder a un puesto de la Administración de la Generalitat, de corporaciones locales, servicios de las universidades, personal de sus entidades autónomas y personal de los consorcios en los que participa mayoritariamente alguna de estas instituciones, es obligatorio saber catalán en base a la Normativa de Función Pública. Pueden quedar eximidos tanto el personal interino como el laboral temporal.

En Baleares, gracias al giro nacionalista del PSOE, hemos conocido el testimonio de la única neuropediatra de Ibiza que podría perder su plaza por no saber catalán. Con la llegada de Francina Armengol al poder, el idioma cooficial ha pasado de ser un mérito a un requisito para obtener un puesto en la administración autonómica. La ley contempla excepciones: la carencia o insuficiencia de profesionales, y cuando “se tengan que contratar investigadores o científicos de ámbito nacional o internacional”.
En la Comunidad Valenciana la situación es similar, aunque fue el Partido Popular el encargado de comenzar la cruzada contra el castellano: en 2002 introdujo la obligatoriedad del valenciano para los puestos de enseñanza en primaria, y en 2013 lo extendió a los niveles educativos superiores. Ahora la izquierda de Ximo Puig y Mónica Oltra extenderán este requisito a toda la función pública.
En País Vasco, el euskera se exige en función de la realidad sociolingüística del municipio, provincia o la región en general, estableciendo cuotas. Se fija un perfil lingüístico con distintos niveles que se adecúa a los conocimientos de la población. La policía autonómica, la Educación y la Sanidad se rige por planes específicos.
En Galicia también hay distintos grados de conocimiento y el idioma es preceptivo para acceder a un puesto en la administración territorial, sea cual sea el nivel. Pueden pedir la exención las personas con discapacidad física o psíquica igual o superior al 33% que justifiquen que no pueden acreditar alguna de las destrezas comunicativas.

El fracaso de la inmersión lingüística

Volvamos al ejemplo anterior de Teruel y Gerona, pero ahora es un niño el que tiene que estudiar en catalán. Ese alumno, según Convivencia Civil Catalana, tendrá menos oportunidades: ‘’Las élites serán catalanoparlantes de base, las mejores oportunidades serán para ellos porque la inmersión lingüística les facilita el éxito académico y un mejor aprendizaje’’, denunció a El Mundo el responsable de Estudios de esta entidad, Jesús Sanz.
Y es que la inmersión lingüística ha sido una auténtica cruz para los estudiantes castellanohablantes. Según el informe PISA de 2015, estos alumnos suspenden más que los catalanohablantes.
‘’No es arriesgado decir que la desigualdad educativa entre castellanohablantes y catalanes introducida por la inmersión lingüística en Cataluña se plasma también en una desigualdad profesional y social entre la población, quizás deseada de forma voluntaria por algunos ingenieros sociales del nacionalismo catalán’’, explicó Sanz.

El adoctrinamiento en aulas

Los casos se multiplican, y ya no sólo en Cataluña. Una ciudadana sueca denunciaba hace unos meses a La Gaceta la «incomprensible» situación de la Educación en Baleares: «Todo esto es de locos». Ha pedido “auxilio a Madrid”. Nadie hace nada.
Lena Erikson (pide al redactor no publicar su nombre real) es una ciudadana sueca que, por los avatares de la vida, acabó viviendo en nuestro país. En concreto en la isla de Ibiza. Allí se estableció hace algunos años y hoy regenta un pequeño negocio.
Desde hace algunos años es mamá y ha sido desde entonces que ha descubierto con sorpresa la realidad educativa de las Islas Baleares: “¡No podemos elegir eduación en castellano para nuestros niños en la escuela pública!”.
Y luego está el tema del adoctrinamiento, negado por el separatismo y hasta el Ministerio de Educación. Pero ya estaba ahí La Gaceta para refrescarles la memoria.

25 denuncias de adoctrinamiento en Cataluña que desmienten al PP

Estos son sólo algunos ejemplos de la desigualdad territorial que impera en nuestro país. Lejos de intentar atajar el problema, los partidos políticos insisten en la necesidad de una reforma constitucional para, entre otras cosas, dar cierto encaje especial a algunas comunidades autónomas. La pregunta que cabría hacerse es clara: ¿Hay ciudadanos de primera y de segunda en España?
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