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La política bilingüista en Baleares, un riesgo (literal) para la salud

El PP y Ciudadanos han advertido al Govern balear de que exigir el conocimiento del catalán para trabajar en la sanidad pública de las islas «pone en riesgo» la atención sanitaria a los ciudadanos.

Con ocasión del pleno del Parlament, los diputados del PP y Cs Antonio Gómez y Olga Ballester, respectivamente, han echado en cara al Ejecutivo que ningún sindicato sanitario apoya este decreto que exige el conocimiento de la lengua catalana para trabajar en el Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut).
Hace unos días salía a la luz el testimonio de la única neuropediatra de Ibiza que podría perder su puesto de trabajo por no saber catalán.


La consejera de Salud, la socialista Patricia Gómez, ha afirmado que el decreto garantiza la atención sanitaria, recoge «excepciones» y salvaguarda el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán, la lengua propia de las Islas Baleares.
Por parte de Cs, la diputada Ballester ha recordado que el «cien por cien» de los sindicatos no apoya este decreto, tal y como se confirmó en la reunión de hace unos días de la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que el Sindicato Médico (Simebal), Satse, CCOO y CSIF votaron en contra del mismo y UGT y USAE se abstuvieron.
Ballester ha calificado de «aberración» que para tener en propiedad una plaza de especialista médico o de enfermera la formación, la experiencia o la investigación sea «irrelevante para ustedes frente a la acreditación del catalán».
Para la diputada del partido naranja, este decreto es una «patada de despido» a miles de profesiones que llevan años trabajando en Baleares.
«Es un decreto político que nada tiene que ver con necesidades sanitarias; es un decreto redactado en un despacho por mentes cerradas que no saben más allá de su proyecto nacionalista», ha denunciado Ballester, que ha añadido que su partido presentará un decreto «sensato» alternativo.

Miles de profesionales no podrán opositar

Desde el PP, el diputado Antonio Gómez ha mantenido que «absolutamente nadie» -tampoco los gerentes de los hospitales- apoya este decreto «impuesto por los radicales de MÉS», que forman parte del Ejecutivo balear junto al PSIB-PSOE y que cuentan con el apoyo externo de Podemos.
Según el diputado, su aplicación supondrá que 3.000 enfermeras, 1.000 auxiliares y más de 300 médicos de Atención Primaria de Baleares, todos ellos «excelentes profesionales», no podrán presentarse a las próximas oposiciones.
La consejera ha respondido que sí podrán presentarse, ha recordado que la propia Constitución española reconoce y protege las diferentes lenguas oficiales del Estado y ha mantenido que los pacientes «tienen derecho» a ser atendidos en catalán.
También ha comentado que el referido borrador tiene en cuenta el déficit de profesionales sanitarios que existe en el archipiélago y la «gran cantidad» que vienen de la Península, por lo que se recogen excepciones a la exigencia del conocimiento del catalán.
Gómez ha subrayado que este decreto «garantiza» la asistencia sanitaria y ha echado en cara al PP que «no le interesa la cultura».
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