Uno de los inmigrantes ilegales que participó en la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio ha sido detenido cuando intentaba embarcar en un ferry con destino a Algeciras para alcanzar la Península. El hombre estaba reclamado por un homicidio cometido en Francia y por un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas.

El arresto se produjo después de que una alarma de Interpol se activara cuando el individuo, que portaba documentación, trató de superar el control de pasajeros. Según informa El Español, que cita fuentes policiales, el detenido ha ingresado ya en la prisión de Fuerte Mendizábal.

También ha sido enviado a prisión otro marroquí que intentó robar a un hombre que le había ofrecido pan. Ambos casos reflejan las consecuencias que la entrada de decenas de miles de inmigrantes ilegales comienza a tener sobre la seguridad, los juzgados y el sistema penitenciario de la ciudad autónoma.

La población reclusa aumenta un 9% en dos días

La población de la cárcel de Ceuta ha crecido un 9% en apenas dos días. Sólo este martes ingresaron ocho jóvenes acusados de robo con violencia, mientras que el lunes fueron encarcelados otros 13. En total, el centro ha recibido 21 nuevos internos en 48 horas.

«Eso significa multiplicar por cinco los ingresos habituales», han advertido fuentes penitenciarias al citado medio. Los funcionarios sostienen que la cifra seguirá aumentando a medida que los detenidos pasen a disposición judicial y los jueces decidan si acuerdan su ingreso en prisión preventiva.

Fuerte Mendizábal alberga de forma habitual a unos 250 internos clasificados en segundo grado. Aunque fue inaugurada en 2017, la prisión continúa abierta sólo al 30% de su capacidad, una limitación operativa que aumenta el temor a que la llegada continuada de reclusos termine por desbordar el centro.

«Esta es la normalidad que nuestros ministros que nos visitan nos quieren hacer creer», reprochan los trabajadores, muy críticos con la respuesta de la Administración.

La inquietud aumenta porque, según las estimaciones recogidas, unas 10.000 de las 72.000 personas que participaron en la invasión todavía permanecen en las calles de Ceuta. Los funcionarios temen que las nuevas detenciones eleven aún más la presión sobre una prisión que ya registra un ritmo de ingresos muy superior al habitual.