Dos inmigrantes ilegales de origen marroquí han sido detenidos por la Policía Nacional en Manacor como autores de un grave delito de falsedad documental. Estos individuos, que se encuentran en situación ilegal en España, manipulaban contratos de alquiler para empadronarse fraudulentamente en viviendas ajenas, lo que les permitía acceder a servicios públicos y acreditar residencia en el país. La operación policial revela una vez más las vulnerabilidades del sistema ante la inmigración masiva, donde inmigrantes ilegales explotan resquicios administrativos para obtener ventajas indebidas.
La investigación se inició tras la denuncia de un residente local, quien descubrió que tres extranjeros —incluyendo a estos dos marroquíes— aparecían empadronados en su domicilio sin su consentimiento. El Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional en Manacor tomó las riendas del caso en mayo, desentrañando un esquema sofisticado de falsificación. Los detenidos presentaban contratos de arrendamiento alterados en el Ayuntamiento, modificando sólo detalles menores para hacerlos pasar por auténticos. Ni la propietaria del inmueble ni la gestoría involucrada en el alquiler original habían autorizado tales operaciones.
Una vez empadronados, estos marroquíes utilizaban el certificado para tramitar la tarjeta sanitaria del IB-Salut y la de transportes, además de acumular tiempo de residencia ficticia en España. Este tipo de prácticas no sólo sobrecargan los servicios públicos, financiados por los contribuyentes españoles, sino que también erosionan la confianza en las instituciones municipales.
Los agentes localizaron a los dos marroquíes en distintas localidades de Mallorca, donde residían pese a su estatus ilegal. El tercero implicado en el empadronamiento —también extranjero— permanece en paradero desconocido, con una requisitoria policial en curso. La Policía constató que los marroquíes proporcionaban sus datos personales a un facilitador, quien les entregaba los contratos falsos a cambio de una suma de dinero.
Fuentes policiales destacan la calidad de las falsificaciones, lo que sugiere una red organizada que podría extenderse más allá de este caso. La Policía Nacional enfatiza que estas acciones constituyen un delito grave, penado con hasta seis años de prisión, según el Código Penal. La investigación continúa para desmantelar posibles conexiones adicionales, asegurando que Manacor y el resto de Mallorca no se conviertan en refugios para este tipo de prácticas ilícitas.
