El Gobierno ha terminado por reconocer en un documento oficial lo que desde hace años denuncian los agentes desplegados en el sur de España: el narcotráfico se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad nacional y para la integridad de las instituciones del Estado.
El nuevo Informe de Seguridad Nacional, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional dependiente de Moncloa y adelantado por El Mundo, alerta de que «el tráfico de drogas y, particularmente de cocaína, se mantiene como una de las mayores amenazas para la salud y seguridad de la ciudadanía, así como para la integridad de las instituciones públicas y privadas».
La publicación del informe coincide con un momento de máxima tensión tras la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en Huelva durante una persecución a una narcolancha. También llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fuese abucheado durante una jura de bandera en Baeza (Jaén), en una pitada que obligó incluso a interrumpir el acto.
El documento, aprobado el pasado 26 de abril por Seguridad Nacional y remitido al Congreso este lunes con la firma del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, choca además con las declaraciones de la ex vicepresidenta y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que calificó inicialmente la muerte de los agentes como un «accidente laboral» antes de rectificar horas después.
El informe describe un escenario de creciente violencia y sofisticación criminal. Según el texto, los agentes se enfrentan a «mafias» cada vez más vinculadas a organizaciones iberoamericanas que emplean «armas de guerra«, sistemas avanzados de vigilancia y embarcaciones de alta velocidad que dejan en clara inferioridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
«Los narcotraficantes, en ocasiones, no dudan en embestir vehículos terrestres y embarcaciones cuando perciben riesgo de interceptación o pérdida de la droga, evidenciando una mayor agresividad hacia los agentes», señala el documento oficial. El informe añade además que «se han mantenido las agresiones y hostigamientos» contra guardias civiles.
