La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a trece marroquíes acusados de formar parte de una red dedicada a la falsificación de documentos para obtener autorizaciones de residencia por reagrupación familiar. La investigación, que aún permanece abierta, se inició tras detectarse irregularidades en nueve expedientes presentados en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, todos ellos gestionados a través del mismo despacho de abogados.
Los documentos falsificados incluían informes de adecuación de vivienda, certificados de empadronamiento y contratos de arrendamiento, que se presentaron como prueba de que los solicitantes cumplían con los requisitos necesarios para reagrupar a sus familiares. En total, los expedientes buscaban reagrupar a treinta personas, entre ellas dieciséis menores de edad, y fueron presentados por ciudadanos de origen marroquí, todos vinculados por lazos familiares o de amistad y residentes en la misma localidad.
La investigación, llevada a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad implicada, permitió confirmar la falsedad de ocho informes de vivienda, seis certificados de empadronamiento y cinco contratos de arrendamiento. Estos documentos fraudulentos fueron fundamentales para simular el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación en materia de extranjería.
Tras comprobarse las irregularidades, los agentes procedieron a la detención de los trece implicados, a quienes se les imputan delitos de falsedad documental. Además, se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla la revocación de las tarjetas de residencia obtenidas de forma fraudulenta.
Aunque las investigaciones han permitido desarticular esta red, la operación continúa activa y no se descartan nuevas detenciones. Este caso pone de relieve los intentos de utilizar documentación falsificada para acceder a derechos migratorios, así como la importancia de la cooperación entre las administraciones locales y los cuerpos de seguridad para detectar y frenar estas actividades ilegales.
La operación, que afecta a un número significativo de personas, subraya la necesidad de reforzar los controles en los procesos de reagrupación familiar, especialmente en lo referente a la autenticidad de los documentos presentados como prueba en los trámites migratorios.
