La subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos, Paula Pérez, ha presentado su dimisión en plena crisis del estado de las carreteras españolas, marcada por una oleada de incidencias provocadas por la climatología y el deficiente mantenimiento de las infraestructuras viarias, según publica el Economista. Su salida se produce en un momento especialmente delicado para el Ministerio de Transportes salpicado por las críticas del sector privado y de los usuarios ante el deterioro de la red.
La renuncia de Pérez se enmarca, según eleconomista, en las discrepancias internas existentes en el Ministerio sobre los cambios que se pretenden introducir en el pliego de contratación de los servicios de conservación de carreteras. El sector denuncia que la reforma apunta a convertir estos contratos en una «subasta encubierta», priorizando el precio frente a la calidad y la seguridad, lo que agravaría la situación de unas vías ya castigadas por años de infrafinanciación.
Las borrascas que han azotado a buena parte del país en las últimas semanas han sido la gota final, que ha dejado al descubierto problemas estructurales que las empresas de conservación llevan años advirtiendo. En los últimos días se han difundido imágenes de decenas de vehículos detenidos en los arcenes de grandes corredores por averías causadas por baches, socavones y firmes en mal estado. Una de las situaciones más graves se ha vivido en la Autovía del Sur (A-4), conexión entre Madrid y Andalucía.
Aunque los incidentes se han concentrado especialmente en el sur de España, las empresas del sector alertan de que el problema es generalizado en todo el territorio español. Según sus estimaciones, actualmente hay cerca de medio centenar de carreteras con cortes parciales o totales debido al deterioro del pavimento, una cifra que pone en entredicho la capacidad de respuesta de la Dirección General de Carreteras (DGC).
Esta situación ha disparado las actuaciones de emergencia para reparar desperfectos urgentes y garantizar la seguridad vial, con el consiguiente gasto público. Las intervenciones se realizan a partir de las peticiones de las unidades territoriales de carreteras, que advierten de que muchas de estas reparaciones podrían haberse evitado con un mantenimiento adecuado y continuado.
En Andalucía, el caos en las carreteras se suma a las graves incidencias ferroviarias, todavía marcadas por el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas.
