Los Gallardos y Bédar, los dos municipios del Levante almeriense más afectados por el incendio que ha causado la muerte de 13 personas y arrasado 7.000 hectáreas, carecían de un plan local de emergencias ante incendios forestales homologado pese a estar obligados por la normativa autonómica.
El documento debería haber establecido los protocolos de actuación ante un incendio, además de incluir un inventario de los recursos disponibles, los puntos de agua, los mapas de confinamiento y las rutas de evacuación. Sin embargo, el plan no existe o no ha sido homologado, lo que a efectos legales supone que ambos municipios carecían de él.
La organización Ecologistas en Acción ha denunciado la situación y los propios registros oficiales de la Junta de Andalucía confirman que Los Gallardos y Bédar incumplían la normativa.
El Plan anual para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de Andalucía para 2026 establece como «obligada» la elaboración de un plan local de emergencias, que debe revisarse cada cuatro años, en aquellos municipios catalogados como «zonas de riesgo» de incendios forestales.
Tanto Los Gallardos como Bédar figuran en el último listado elaborado por la Administración autonómica. En el caso de Bédar, todo el término municipal está considerado zona de riesgo. En Los Gallardos, la catalogación afecta prácticamente a todo el municipio salvo cuatro puntos concretos situados en sus límites.
La ausencia de estos protocolos cobra especial relevancia después de que familiares de algunas de las víctimas hayan denunciado la falta de información durante la emergencia y hayan puesto en duda que las instrucciones de evacuación o confinamiento llegasen a los fallecidos.
Es el caso de Thomas-Wolf Verdonckt, hijo de Stanislas Verdonck, un ciudadano belga de 63 años que murió en el incendio. Según ha denunciado, su padre no recibió ninguna orientación sobre cómo actuar ante el avance de las llamas.
La portavoz de Ecologistas en Acción, Lola Illescas, ha calificado la normativa de prevención de incendios forestales como «papel mojado» ante el incumplimiento generalizado de los ayuntamientos y ha denunciado una situación de «desprotección masiva legal».
Illescas evita atribuir posibles responsabilidades penales a los consistorios, una cuestión que deberá determinar la investigación judicial abierta, pero sí reclama responsabilidades políticas. La organización se pregunta si las 13 muertes de vecinos de Bédar, alcanzados por las llamas cuando trataban de huir del fuego, «podrían haberse evitado» con un protocolo que estableciese las rutas de evacuación y los procedimientos de notificación.
Sólo dos de los 101 municipios almerienses obligados cumplen la normativa
El incumplimiento de Los Gallardos y Bédar forma parte de un problema mucho más amplio. De los 101 municipios de la provincia de Almería catalogados como zonas de riesgo y obligados a disponer de un plan de emergencias, sólo dos, María y Tíjola, tenían sus documentos homologados y en vigor según los datos actualizados a 23 de marzo de 2026.
La situación se extiende al conjunto de Andalucía. La Junta tiene identificados 728 municipios cuyo término municipal, total o parcialmente, presenta un elevado riesgo de sufrir incendios forestales. Sin embargo, sólo 139 cuentan con un plan homologado acorde con las exigencias legales.
Esto supone que apenas dos de cada diez municipios andaluces obligados por la normativa disponen de la planificación exigida para afrontar una emergencia de estas características.
El Plan Infoca establece expresamente la «obligación» de las autoridades locales de promover la elaboración de estos protocolos, cuyo contenido mínimo está regulado.
La normativa exige también la elaboración de planes de autoprotección contra incendios forestales para urbanizaciones, núcleos de población aislados, zonas de acampada o empresas situadas en lugares clasificados como de alto riesgo.
Además, contempla la creación de Grupos Locales de Pronto Auxilio para colaborar en la prevención y lucha contra los incendios. En Almería existen 38 grupos con 557 miembros, mientras que en el conjunto de Andalucía hay 246 con 2.925 integrantes.
La falta de planificación se produce pese a que la Junta de Andalucía ha contactado sólo durante este año con 601 ayuntamientos para advertirles de la obligación de redactar o renovar sus planes de emergencia ante incendios forestales y adaptarlos al Plan de Emergencia de Protección Civil de Andalucía.
El marco normativo deberá sufrir ahora una nueva adaptación. El Gobierno aprobó en 2023 la Norma Básica de Protección Civil mediante el Real Decreto 524/2023 y estableció un plazo de cuatro años para desarrollar la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de incendios forestales.
La directriz no fue aprobada hasta abril de este año. A partir de ahora, los planes regionales y locales deberán ser revisados para adaptarse a la nueva regulación. En el caso de centenares de municipios andaluces, sin embargo, el problema previo sigue siendo el mismo: ni siquiera cuentan con el plan de emergencias que ya estaban obligados a tener.
