Apenas una semana después del mayor accidente ferroviario en España desde la tragedia de Angrois, el nombre de Adamuz ha quedado grabado en la memoria colectiva como símbolo del colapso del sistema ferroviario y de la desconfianza hacia el Gobierno. La catástrofe, que dejó 45 muertos y decenas de heridos, ha provocado un profundo impacto social y ha situado al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el centro de la indignación pública.
Los españoles señalan de forma mayoritaria al Ejecutivo como responsable político del desastre. Según una encuesta de NC Report para La Razón, dos de cada tres ciudadanos consideran que Óscar Puente debería dimitir de manera inmediata. En concreto, el 65,2% de los encuestados reclama su salida del Ministerio, frente a un 24,5% que respalda su gestión. El rechazo es prácticamente unánime entre los votantes del PP y de VOX, mientras que el respaldo se concentra casi exclusivamente entre el electorado socialista y de Sumar.
La desconfianza no se limita a la figura del ministro. Las explicaciones ofrecidas por el Gobierno tras el accidente tampoco convencen a la opinión pública: el 63% de los españoles afirma no creer la versión oficial, y sólo un 28% considera satisfactorias las explicaciones del Ejecutivo sobre lo ocurrido en Adamuz.
La percepción de responsabilidad política es aún más contundente. Casi siete de cada diez ciudadanos —el 68,6%— creen que el Gobierno de Pedro Sánchez es el responsable último del accidente ferroviario, frente a un 23,3% que lo exime de culpa. Este juicio se produce en un contexto marcado por una crisis ferroviaria generalizada, con incidentes recurrentes, advertencias de los maquinistas sobre el estado de las vías, limitaciones de velocidad, amenazas de huelga y un colapso persistente en servicios clave como Rodalies en Cataluña.
El impacto del accidente ha tenido además consecuencias directas en la percepción de seguridad del transporte ferroviario. Más de la mitad de los españoles reconoce sentir ahora más miedo a la hora de viajar en tren, y más de un tercio se plantea reducir sus desplazamientos en ferrocarril tras lo sucedido. La imagen de un sistema que durante años fue presentado como modelo internacional ha quedado seriamente dañada.
Sólo uno de cada cinco ciudadanos considera que la seguridad ferroviaria en España es buena o muy buena. Casi la mitad la califica directamente como mala o muy mala, una valoración que incluso se extiende a una parte significativa del electorado socialista. La principal causa señalada por los encuestados es clara: el 69,2% atribuye los accidentes al deterioro progresivo de la red ferroviaria provocado por la falta de inversión en mantenimiento.
Este diagnóstico conecta con una percepción más amplia sobre la gestión del Gobierno. Para el 57,4% de los españoles, el servicio ferroviario ha empeorado desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Más de un tercio asegura haber sufrido numerosos retrasos, cancelaciones o fallos en sus viajes en tren en los últimos años, consolidando la sensación de decadencia de unos servicios públicos que no mejoran pese al aumento constante de la presión fiscal.
