La Renta Garantizada de Navarra cerró 2025 con 32.672 beneficiarios y una factura cercana a los 109 millones de euros, pero uno de los datos más significativos está en el perfil de quienes reciben la prestación: el 64,5% de las unidades familiares perceptoras son de origen inmigrante, frente al 35,5% de origen autóctono.
Los datos proceden del Informe Anual 2025 del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y han sido analizados por el think tank Institución Futuro. La radiografía muestra no sólo el crecimiento sostenido de la prestación durante los últimos quince años, sino también un profundo cambio en la composición de sus beneficiarios.
En 2010, la situación era prácticamente la inversa. Entonces, el 61,5% de las unidades familiares beneficiarias era de origen autóctono. En 2025 ese porcentaje se ha reducido hasta el 35,5%, mientras los hogares de origen inmigrante representan ya casi dos de cada tres perceptores. Según el análisis de Institución Futuro, el crecimiento registrado durante estos años se explica por el aumento de las unidades familiares de origen extranjero, mientras que las autóctonas beneficiarias han descendido respecto a hace una década.
La evolución adquiere especial relevancia en pleno debate sobre el impacto económico de la inmigración y la capacidad de integración de los nuevos residentes en el mercado laboral. Las cifras oficiales muestran que una parte mayoritaria de los hogares que dependen de esta prestación autonómica es ya de origen inmigrante.
Casi 109 millones al año
El número total de personas beneficiarias también se ha disparado. Navarra pasó de 17.115 perceptores en 2010 a 32.672 en 2025, un incremento del 91%. Las unidades familiares cubiertas por la prestación aumentaron en el mismo periodo desde 7.448 hasta 15.962, un 114%. Aunque el número de beneficiarios alcanzó su máximo en 2021 y posteriormente ha descendido, continúa muy por encima de los niveles de hace quince años.
La factura pública ha seguido una trayectoria similar. El Gobierno foral destinaba 29,5 millones de euros a esta prestación en 2010. En 2025 fueron casi 109 millones, después de alcanzar un máximo de 114,5 millones en 2020. La cuantía media mensual por unidad familiar también ha aumentado, desde 536 hasta 698 euros.
Además, 4.101 unidades familiares compatibilizaron en 2025 la Renta Garantizada con el Ingreso Mínimo Vital o con una pensión no contributiva. Es decir, más de una de cada cuatro familias beneficiarias recibía simultáneamente alguna de estas prestaciones públicas.
Sólo el 11% sale de la prestación tras encontrar trabajo
La radiografía resulta especialmente significativa al analizar la capacidad del sistema para devolver a sus beneficiarios al mercado laboral. De las 32.672 personas que recibían la ayuda, 20.396 estaban en edad de trabajar, aunque sólo 10.740 constaban como disponibles para incorporarse a un empleo.
De esas 10.740 personas, únicamente 1.187 dejaron de cobrar la Renta Garantizada después de encontrar trabajo durante 2025. La cifra equivale aproximadamente al 11% de los beneficiarios disponibles para trabajar. Al mismo tiempo, los mecanismos destinados a incentivar el empleo se redujeron un 23% respecto al ejercicio anterior.
Institución Futuro advierte así del riesgo de cronificación de una prestación concebida como red de protección. El think tank sostiene que el éxito de estas políticas no debería medirse por el número de beneficiarios que mantienen, sino por su capacidad para lograr que quienes pueden trabajar recuperen su autonomía económica y abandonen las ayudas mediante su incorporación al mercado laboral.
Los datos dejan una fotografía incómoda para el Gobierno de María Chivite: más de 32.000 beneficiarios, una factura que se acerca a los 109 millones anuales, casi dos de cada tres hogares perceptores de origen inmigrante y apenas uno de cada nueve beneficiarios disponibles para trabajar que abandona la prestación tras encontrar un empleo.
