No suelen fallar. La Generalitat y sus asociaciones afines llevan años diseñando el plan y hasta ahora todo ha salido según sus previsiones. Pero ahora, quizá llevados por la euforia del 1-O, van a cometer errores que pueden hacer fracasar el ‘procés’… y precipitar un enfrentamiento civil.
Veinticinco de octubre de 2014, Artur Mas, públicamente: “Tenemos que engañar al Estado”. En este caso para celebrar la consulta del 9N. Y engañaron al Estado. Como ayer, que hubo urnas, hubo papeletas y hubo mesas electorales. Incluso se habilitó lo que llamaron “censo universal” para que cualquier catalán votara en cualquier colegio. Y en una cinematográfica escena, Puigdemont cambió de vehículo dentro de un túnel para despistar al helicóptero de la Guardia Civil y lograr su instantánea del voto y la urna. Un juego de mentiras del que siempre han salido victoriosos.
El proceso separatista es, tal y como lo describe Juan Arza, uno de los fundadores de Societat Civil Catalana, “un movimiento ultramoderno”. Funcionan como una máquina perfectamente engrasada y su movimientos están increíblemente bien coordinados. Han constituido asociaciones en cada ámbito de la sociedad civil y están abundantemente financiados por dinero público. Hay ‘Bombers per la independència’, multitud de asociaciones ‘per la Llengua’, plataformas ‘Pro Seleccions esportives catalanes’, ‘Mossos per la independència’, fundaciones y ONGs que integran a los inmigrantes en la fe nacional, ‘Empresaris per la independència’… pero sobre todo tienen un Òmnium y una Assemblea Nacional Catalana. Megaplataformas perfectamente coordinadas con la administración pública con capacidad para coordinar enormes manifestaciones, hacerse cargo de la logística, producir mercadotecnia viral, comprometer a líderes de opinión y producir mensajes atractivos en masa. El principal de los cuales ha sido establecer el debate, no en la secesión y el nacionalismo sino en términos de democracia sí/democracia no. Son, en fin, fabulosos aparatos de ingeniería social que, como el separatismo institucional, funcionan apenas sin errores. Rara vez yerran.
Una huelga con altas probabilidades de fracasar
Es por eso que sorprende la intención del Govern de llamar a la huelga general y de declarar la independencia por la vía unilateral. Patinan por primera vez. Hasta anoche la pretendida huelga era una iniciativa minoritaria de las CUP y sus asociaciones satélites. El domingo, seguramente borrachos de euforia, el president de la Generalitat hizo suya la iniciativa instalando a Cataluña definitivamente en un contexto revolucionario. Han asumido un riesgo innecesario en un momento en el que lo tienen todo a favor, incluida gran parte de la opinión pública internacional. La huelga, declarada con sólo cuarenta y ocho horas de antelación, tiene en absoluto garantizado el éxito. Puede paralizar pueblos pequeños, pero Barcelona, que es la mitad de la población catalana y su ventana hacia el mundo, es una ciudad enorme donde las cadenas hoteleras internacionales, las multinacionales de moda o la restauración difícilmente bajarán la persiana. No lo harán salvo que desde la administración pública se boicoteen los medios de transporte haciendo así obligado el paro. Sin boicot, es muy probable que la vida civil seguirá su curso más o menos ajena al mandato independentista. Y aún podría ser peor para los convocantes: podrían
producirse escenas de coacción e incluso violencia. No hay que perder de vista que la iniciativa parte de la extrema izquierda independentista, cuyos piquetes, vista la actitud de los Mossos, camparán por sus respetos. Mañana podría hacerse explícita, más que nunca, la fractura social.
Si hay DUI hay «toma del territorio»
Mas es la pretendida DUI, declaración unilateral de independencia, el error más grave que va a cometer la Generalitat. Tanto, que quien esto escribe apostaría a que darán marcha atrás. Una ‘balconada’ dilapidaría, a ojos del exterior, todo el capital político acumulado el 1-O. Ninguna cancillería del mundo legitimaría semejante acción y la condena internacional sería unánime.
Caso de salir adelante, la declaración implicaría, tal y como está previsto en la ‘Llei de Transitorietat i Fundacional de la República’, “garantizar el control efectivo del territorio mediante la asunción total por parte de la Generalitat de la autoridad tributaria, aduanera y catastral”. Esto es, tomar puertos, aeropuertos, fronteras y relevar a las autoridades del Estado. Hay que insistir en que se trata del modus operandi previsto en la ‘ley’ y que serían los Mossos d’Esquadra, un cuerpo armado con más de 16.000 efectivos y que ya ha demostrado a quién debe obediencia, los encargados de ejecutar el plan. Para hacerse con la situación el Estado se vería obligado a desplegar un operativo policial sin precedentes y quién sabe si también efectivos militares. Todo suena delirante. Parece imposible. Pero también parecía imposible que llegáramos hasta aquí. Y hemos llegado.
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