El Gobierno no ha sido capaz de entrar en el debate de las ideas y defender una idea de España en Cataluña.
Por Red Floridablanca*
El secesionismo catalán sigue instalado en su deseo de dinamitar la convivencia -especialmente de los catalanes- y la unidad de la Nación española -“la primera nación que ha existido”, en palabras de Julián Marías-. El delirio del secesionismo es innegable, como lo es también la ausencia del Gobierno.
La actuación y la propaganda del secesionismo no pueden causar sorpresa. ¿Es acaso la primera vez que éste se muestra en claro desacato respecto de las leyes que nos hemos dado todos los españoles? ¿Alguien esperaba que el secesionismo se comportara de un modo distinto al que presenciamos en la manifestación de “condena” del terrorismo yihadista? Pero la pregunta que más se hacen los españoles es si se ha hecho algo para evitar el constante agravio y desamparo en el que se encuentran una mayoría de catalanes.
El Gobierno de la Nación, y el partido que lo sustenta, están incurriendo en una clara dejación de funciones en Cataluña. Se ha fiado todo a que el propio secesionismo se deslegitimara a sí mismo, a que errara en su sinrazón. Como en anteriores ocasiones, y ante peligros parecidos, el Gobierno ha optado por evadirse, tal vez confiado en que el miedo se traduzca en votos ante la falta de opciones políticas sensatas. La defensa del Estado no corresponde a los ciudadanos, ni a los partidos de la oposición: es responsabilidad del Gobierno (artículo 97 CE). Los ciudadanos tienen la obligación de cumplir la Ley y el Gobierno tiene el deber de velar por su aplicación. Porque lo que define a un Estado-nación no es su economía, sino el régimen de derechos y libertades que garantiza y representa. Y es en esta tarea, la más importante, en la que el Gobierno ha optado por inhibirse. Haría bien el Gobierno en aclarar y explicar a los españoles dónde estamos y qué opciones baraja para garantizar que no se lleve a cabo otro “referéndum” como el que se celebró en 2014 a pesar de que el presidente del Gobierno había manifestado, en enero del mismo año: “Mientras yo sea presidente del Gobierno, ni se celebrará ese referéndum ilegal ni se fragmentara España. Que quede claro”.
Confiamos en que el Gobierno muestre la determinación que no demostró en 2014 e impida la celebración de un nuevo acto dirigido a descuartizar por vía de hecho la soberanía que corresponde al conjunto del pueblo español. El Estado de derecho dispone, ahora y antes, de instrumentos para afrontar el desacato. Pero más allá de hacer cumplir el orden constitucional, algo tan obvio como inhabitual hasta la fecha, el Gobierno debe rectificar su estrategia “política” y hacer frente al secesionismo en Cataluña.
Hay que salir de los marcos “conceptuales” establecidos por los adversarios del orden constitucional, de España, a los que parece haberse amoldado el Gobierno que no ha sido capaz en los últimos años de entrar en el debate de las ideas y defender una idea de España en Cataluña. El relativismo ha carcomido las bases del Partido Popular que no es capaz de ir más allá del “más Europa”, huyendo del obligado reto de proponer un proyecto atractivo para los españoles coherente con el legado liberal-conservador. Consecuencia de ello son la denominada “Operación diálogo” y la famosa expresión “choque de trenes”. Ambas están construidas intencionadamente a favor de la causa secesionista, al poner al mismo nivel al Estado y al gobierno autonómico catalán, cuando éste forma parte del Estado (que se organiza territorialmente en municipios, provincias y CCAA, artículo 137 CE), su presidente es el representante ordinario del Estado en la Comunidad y sus potestades derivan de la misma Constitución que de forma flagrante pretende vulnerar.
Además, aplicar la Ley no es un “choque de trenes”. En primer lugar, porque sólo hay un tren, el Estado, con un vagón del que quieren apropiarse los revisores entre el estupor y el desamparo de gran parte de los pasajeros que esperan una actuación contundente y eficaz por parte de los responsables de velar por su libertad y su seguridad. En segundo lugar, porque hacer frente al desacato es un deber que entra dentro de la normalidad democrática establecida en nuestra Constitución. Lo anormal y antidemocrático es la situación que atraviesan muchos catalanes, porque allí donde no hay Estado de derecho, no hay democracia. Lo inverosímil es que el Gobierno pida apoyo a nuestros socios europeos, mientras se mantiene en el inmovilismo hasta que afecte a sus intereses, en vez de actuar con la diligencia que exige el interés general.
Haya “referéndum” o no, la sociedad catalana está fragmentada. Una minoría se ha impuesto, usando y abusando de los resortes de poder que les confiere la Constitución Española, y ha atemorizado a una mayoría que espera de su Gobierno y del Estado que asuman su responsabilidad y que velen por los derechos y libertades de todos los españoles en todo el territorio nacional. Porque quienes cumplen con sus obligaciones cívicas esperan del Estado, con toda razón, seguridad y libertad.
*Floridablanca es uno de los think tanks liberalconservadores más influyentes del panorama político actual.
