El desafío es de sobra conocido y las posibilidades de éxito [o más bien de fracaso] también. Pero ahora la cosa se pone seria. Los separatistas catalanes aprueban este miércoles la Ley que, dicen, dará legalidad al referéndum ilegal del 1 de octubre. Este es su plan.
Seis de septiembre de 2017. Pleno en el Parlamento catalán. La intención de los separatistas es aprobar una Ley de Referéndum que oficialice -al menos en el delirante mundo del procès– las acciones necesarias para celebrar un referéndum el próximo 1 de octubre.
El plan, según permiten adivinar los últimos pasos de los dirigentes catalanes, es el de convocar una reunión urgente de la Mesa del Parlament para incluir en el orden del día la votación sobre la Ley de Referéndum. La oposición, como gesto de no reconocimiento, abandonaría la Cámara y la votación saldría adelante -en realidad por incomparecencia del oponente-.
Así quedaría aprobada la “ley del referéndum” -registrada, recordamos, por Juntos por el sí y la CUP el pasado 31 de julio– y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría firmar entonces -«inmediatamente después»- el decreto de convocatoria del referéndum secesionista. Lo haría acompañado de todo el equipo de Gobierno; un gesto con el que tratan de dificultar la presumible inhabilitación que llegaría del Constitucional -recordemos, reunido en Pleno en las mismas fechas que el Parlamento catalán-.
¿Y después? Después, y siguiendo con el onírico calendario de los ideólogos de la República Catalana, se aprobaría en el parlamento autonómico la ley de desconexión, esa norma de Transitoriedad que constituiría, en una eventual victoria del ‘sí’ el 1 de octubre, la ley suprema de la nueva república.
Hay, desde la aprobación de estas leyes hasta el día del referéndum, 24 días de campaña que comienzan, de forma oficiosa, el próximo 11 de septiembre, con una Diada especial en la que los separatistas pretenden “movilizar a sus fuerzas”. Cuatro días después, el 15, comienza ya de forma oficial la campaña por el referéndum que, según asegura el diario La Razón, contemplaría movilizaciones al estilo del 15M que podrían desencadenar desórdenes públicos.
Y mientras, el Gobierno…
Así las cosas en Cataluña, en Madrid la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insiste en que el Ejecutivo actuará “de forma inmediata en cuanto se tramiten la ley del referéndum o la de transitoriedad” (ley, esta última, a la que califica de aberrante). ¿Cómo? Más allá de la “proporcionalidad e inteligencia” anunciadas por Rajoy… nadie lo sabe.
Cuenta el Presidente con el apoyo “sin fisuras” de Ciudadanos y también del PSOE cuyo secretario general, según los mentideros políticos, está encantado con el hecho de que Rajoy haya descartado la aplicación del 155. Artículo cuya aplicación reclaman, por cierto, ciertos representantes nada menores del PP catalán, como Xavier García-Albiol.
La alternativa podría ser la Ley de Seguridad Nacional que permitiría controlar a los Mozos de Escuadra pero eso está todavía por ver.
Los independentistas, seguros
Comienza así la fase final de una partida que dura ya más de dos años y que entra este mes de septiembre en una fase definitiva. La cuerda se tensa, y parece que ninguno de los adversarios está dispuesto a soltarla: El diputado de Esquerra Joan Tardá se muestra convencido no sólo de que habrá referéndum, sino de que la participación será “mayor que la de la consulta del 9 de noviembre 2014, porque muchos catalanes quieren votar, otros aspiran a la república catalana y otros se sienten ofendidos por el comportamiento de la Administración española”. “En la calle hay ganas de votar y de castigar al PP”, señala.
Desde el Gobierno catalán, el consejero de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, insiste en la legalidad de su desafío – «no es delito»- y envía mensajes a la Fiscalía del Estado: “cualquier actuación del Estado contra la consulta del 1-O atentaría» contra la legislación de la Unión Europea”, dice.
Así, Turull afirmaba este martes que la Ley 2/2005 «despenaliza de forma clara la convocatoria del referéndum», al considerar que «no es conducta con suficiente entidad para merecer castigo penal» y aludía también a la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2011 que, según el conseller, «declaró nulo el intento del PP de modificar el Código Penal y penar la convocatoria de referéndums».
Comienza el juego.
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