Los ciudadanos contrarios a la secesión se sienten abandonados por el Gobierno de Rajoy, al que no cejan en reclamar que “ante la peligrosísima política secesionista, golpista y totalitaria” del Govern que intervenga urgentemente Cataluña. No obstante, el presidente sigue sin ver motivos para aplicar el 155.

El líder del PPC asegura que no habrá referéndum en Cataluña el próximo 1 de octubre y advierte de las consecuencias «violentas» que puede tener la tensión social propiciada por la coalición de Junts pel Sí y por la CUP. Albiol se ha pronunciado así en una entrevista en El Español, en la que ha alertado de que Puigdemont y Junqueras buscan una tensión social que puede derivar en «hechos violentos» y «riesgos físicos».

Además, ha informado de que no descarta que se aplique en Cataluña el artículo 155 de la Constitución porque «es un recurso totalmente democrático». No obstante, considera más efectiva la vía de la inhabilitación o exigir la responsabilidad patrimonial de los dirigentes separatistas.

Este miércoles, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha manifestado que el Ejecutivo «tiene estudiados todos los escenarios y todas las vías de actuación previstas en el ordenamiento jurídico» para impedir esta consulta ilegal en Cataluña, lo que incluiría también el análisis de una hipotética aplicación del artículo 155.

Méndez de Vigo ha hecho estas declaraciones en la conferencia de prensa posterior a la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, celebrada para buscar vías de solución a la situación del aeropuerto de El Prat, en la que no ha querido confirmar si dentro de esas vías se estudia o no aplicar el citado artículo, que permitiría suspender la autonomía, pero pese al desafío de Carles Puigdemont, el Ejecutivo ha venido diciendo que no ve motivos para aplicarlo y frente al procés ha actuado con la ‘operación diálogo’ y escondiéndose tras el Tribunal Constitucional.

Ha evitado pronunciarse sobre los mecanismos concretos de los que haría uso el Ejecutivo si la Generalitat sigue adelante con el órdago secesionista, ni sobre la hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni sobre la normativa relativa a un delito de sedición.

Pero sí ha dejado claro que tiene estudiados «todos» los escenarios, el primero de ellos impugnar la decisión de la Mesa del Parlament si califica a favor la llamada ley del referéndum.

Y es que, ha añadido que, frente a las actuaciones del Govern y del Parlament cara a esa consulta del 1 de octubre, «el Gobierno está tranquilo porque la razón está de su parte» y actuará con «firmeza y proporcionalidad» para defender la democracia, la soberanía nacional y la igualdad» de todos los españoles.

Méndez de Vigo ha insistido en su idea de que esa consulta secesionista ilegal es «un referéndum sin», porque no tiene convocatoria, ni censo, ni urnas, ni papeletas, ni apoyo internacional y ahora tampoco tiene calendario, después de que se haya aplazado la calificación por parte de la Mesa de la Cámara.

Además, ha vuelto ha tender el brazo al Govern, Ha dicho que el Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo dentro de la legalidad, lo que le ha llevado a reiterar el ofrecimiento al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, para que acuda al Congreso y someta su propuesta a la consideración de los diputados.

Con todo, ha precisado que «para bailar el tango es necesario dos» y que «si uno está obsesionado con una cosa, es muy difícil» dialogar.

Del mismo modo, ha mostrado la preocupación del Ejecutivo por el hecho de que «la fuerza política con menor representación en el Parlament sea la que dicte la agenda política», en alusión a la CUP.

Hay que recordarle a Mariano Rajoy que los catalanes leales a España no sólo se sienten “pisoteados” por Puigdemont, sino que también se sienten “completamente abandonados por el Gobierno de España”, algo que consideran todavía más grave.

Pese a que tienen un plan para combatir el procés y en marzo pidieron una reunión con la vicepresidenta para trasladárselo, no han recibido respuesta alguna.

Lamentablemente, estos valientes no paran de recibir reveses, pero lejos de achicarse, se crecen y también denuncian las injusticias cometidas por el Ejecutivo.

Este miércoles, a las siete y media de la tarde, los líderes de VOX en Cataluña y Unidos Sí, junto a las entidades Espanya i Catalans, Convivencia Cívica Catalana y Somatemps se han plantado por décima vez consecutiva ante la Delegación del Gobierno en Cataluña para reclamar una vez más al Ejecutivo “mano dura” con el Govern y la aplicación del artículo 155 en Cataluña. 

Hoy se volvió a escuchar en Barcelona la voz de los defensores de la Constitución y de la unidad de la Nacion; la voz de @vox_barcelona https://t.co/vYy2HxSlUw

— Carlos Garcés (@FASCA131957) 16 de agosto de 2017

El presidente de VOX en Cataluña, Carlos Garcés, tiene claro «Rajoy tiene la culpa de lo que está pasando en Cataluña«.

«Contundencia ya»,  exige el líder de esta formación, Santiago Abascal, que subraya que la unidad de España no se negocia y solicita la ilegalización de todas las formaciones políticas que ataquen la unidad de España y la detención de sus dirigentes, especialmente de Puigdemont, a quienes debe juzgarse, afirma, por “delitos contra la unidad de la patria”. «Dan la imagen de un Gobierno débil frente a los agresores», critica con gran indignación el líder de este partido que ha conseguido hundir a las plataformas ANC y Ómnium Cultural, y una querella de VOX ha motivado imputaciones por sedición.

¿ Welcome #Puigdemont ? #PuigdemontEsposado pic.twitter.com/YCXwkfSCSe

— Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 22 de mayo de 2017

VOX, que saborea “haber hundido” a Òmnium y a la ANC, manifiesta que el hecho de que una formación, con tan pocos medios, haya logrado “dinamitarlas” “demuestra lo que lograría el Estado si de verdad empleara todos sus medios legítimos”. 

Unidos Sí, liderado por Enric Martínez-Herrera, solicita al Gobierno que notifique un requerimiento al presidente de la comunidad sediciosa, en este caso, Puigdemont. Dice que esta medida debería ser acompañada de otras formas de presión “blanda”. “En primer lugar, que las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica a la gravemente deficitaria Generalidad, cuyas cuentas están en números rojos, se hagan finalistas y únicamente con la convalidación de interventores contables del Estado, de manera que dejen de pagarse gastos relacionados con el procés como embajadas, viajes internacionales, subvenciones a la prensa y urnas”, explica.

Este portavoz sugiere también que, como botón de muestra de la autoridad del Estado, dejen de abonarse los salarios de todos los consellers, diputados y cargos de designación política de la administración autonómica, y que en una etapa siguiente se retrase el salario de los profesores de enseñanza secundaria de la región, el 80% de los cuales son nacionalistas y adoctrinan a los estudiantes, remachan.

El resto de las medidas de estos catalanes contrarios a la secesión puede conocerlas pinchando aquí.

“El Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización”, ha destacado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, mientras que el presidente de la Generalitat garantiza que el Govern hará posible el “voto decisivo” del 1 de octubre, ha llamado a la participación masiva, y a no “desertar” del referéndum, porque esto supondría pagar un precio “más alto” en el futuro.

Además, la CUP ha asegurado que ya hay censo y urnas para esta consulta ilegal.

En definitiva, el panorama actual es que los separatistas continúan desafiando y dando pasos en su delirio, y los ciudadanos contrarios a la secesión se sienten abandonados por el Gobierno de Mariano Rajoy, al que no cejarán en reclamar que “ante la peligrosísima política secesionista, golpista y totalitaria” del Govern intervenga urgentemente Cataluña.

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