Tras el interrogatorio a Joaquim Nim -primer imputado por sedición por el 1-0- y Jordi Graells, este jueves han declarado el exportavoz del comité ejecutivo del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena, y el director general de comunicación del Govern, Jaume Clotet.
La Guardia Civil ha citado a declarar este jueves al exportavoz del comité ejecutivo del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena, y al director general de comunicación del Govern, Jaume Clotet, en la causa abierta sobre los preparativos del referéndum ilegal que el Govern pretende celebrar el próximo 1 de octubre.
Clotet ha comparecido como testigo ante la Guardia Civil, pero antes de finalizar el interrogatorio los agentes le han notificado que pasaba a tener la condición de imputado, por lo tanto asistido por un abogado. Esto mismo le ha ocurrido al secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, que declaró este miércoles, como el director general de Atención Ciudadana de la Generalitat, Jordi Graells. A diferencia de Nin, Clotet se ha negado a declarar tras ser imputado.
El secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, tras prestar declaración./ EFE
Nin y Graells fueron citados en relación con la puesta en marcha de las webs que informan sobre el referéndum y la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero que lanzó el Govern. También se les preguntó por la gestión económica y el mantenimiento de la web del Pacto Nacional por el Referéndum.
Por su parte, Elena ha sido interrogado sobre la gestión económica y el mantenimiento de la web del Pacto Nacional por el Referéndum, una plataforma integrada por partidos, sindicatos y entidades separatistas que recoge apoyos a favor de la celebración de esta consulta ilegal.
Tras testificar, ha manifestado a los periodistas congregados que el Gobierno utiliza los «instrumentos del Estado» para «perseguir» la disidencia política y «destruir» al adversario político.
«Hay que decir basta. Esto no va de independencia, de opinar de una forma o de otra, va de democracia y de respeto a la diferencia», ha exclamado Elena, que ha advertido de que los que ahora persiguen a la disidencia «más pronto que tarde lo pagarán políticamente».
Por último, ha pedido al Gobierno que «se quite la venda de los ojos» y dialogue con la «sociedad catalana».
Joan Ignasi Elena a su llegada a comandancia de la Guardia Civil en Barcelona. /EFE
Imputados a raíz de una querella de VOX
Cabe destacar que el interrogatorio de este miércoles y jueves se enmarca en la investigación que dirige el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, por el delito de sedición y malversación, entre otros, a raíz de las denuncias por las manifestaciones del exsenador de ERC Santiago Vidal en sus conferencias.
Según ha explicado este jueves el portavoz del Govern, Jordi Turull, el origen de la declaración de Nim es una querella de VOX contra el exjuez Santi Vidal, el secretario de Hacienda Lluís Salvadó y el jurista Carles Viver Pi-Sunyer.
Javier Ortega, secretario general de VOX; Rocio Monasterio, presidenta de VOX Madrid y Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de la formación.
VOX también presentó otra querella contra el president catalán Carlos Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; el juez Santiago Vidal, en su condición de asesor del consejero de Justicia de Cataluña; Carles Mundo, consejero de Justicia de la Generalidad y Lluis Salvadò, secretario de Hacienda de la Generalitat.
Desde esta formación que preside Santiago Abascal declinan hacer declaraciones hasta que se levante el secreto de sumario, decretado el pasado abril. El juez lo ha prorrogado otro mes.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por el momento en la causa abierta sobre los preparativos del referéndum el titular del juzgado de instrucción sólo mantiene como investigados a Santi Vidal, a Salvadó y a Carles Viver Pi-Sunyer.
Vidal, Salvadó y Viver Pi-Sunyer tienen la condición de investigados en la causa, aunque por el momento el juez no les ha citado a declarar, ya que son los tres no aforados contra los que se dirigía la querella de VOX que, junto a la denuncia de un particular, dieron pie a la investigación.
También tras una denuncia de VOX, la Asamblea Nacional Catalana vive sus peores días. Tanto la ANC como la plataforma Ómnium Cultural -organizadoras del aquelarre separatista del 11S y de la protesta por el juicio a Mas por el 9N– han quedado tocadas. Se les ha embargado 246.500 euros a cada una por una sanción de la Agencia de Protección de Datos por abuso de datos ideológicos.
VOX, que saborea «haber hundido» a Òmnium y a la ANC con estas sanciones, manifiesta que el hecho de que una formación, con tan pocos medios, haya logrado “dinamitarlas” «demuestra lo que lograría el Estado si de verdad empleara todos sus medios legítimos».
El Govern emprenderá acciones legales
El conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha anunciado que denunciarán ante el juez de guardia «la grave vulneración de derechos fundamentales» que, a su juicio, se ha perpetrado en la declaración ante la Guardia Civil de Joaquim Nin, «que la Generalitat no puede permitir».
En concreto, el Govern denunciará al juez y a los agentes de la Guardia Civil que participan en este caso ya que considera que se están vulnerando «derechos fundamentales», y ha criticado que se trata de una causa general contra el soberanismo.
Para el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, la anunciada denuncia de la Generalitat intenta tapar las pugnas internas del Govern por liderar unas futuras elecciones autonómicas.
El delegado del Gobierno ha dicho este jueves que ya está «acostumbrado» a ese tipo de «amenazas» y, ha citado, entre ellas, la reforma del Reglamento del Parlament aprobada este miércoles, que permitiría una aprobación exprés de la ley que prevé amparar el anunciado referéndum y la ley de transitoriedad jurídica.
Para Enric Millo, lo que se trata con esa medida es de «amordazar al Legislativo catalán y no permitir que los diputados puedan debatir».
Por su parte, el portavoz del secretariado nacional de la CUP, Quim Arrufat, ha expresado su temor a que estos interrogatorios de la Guardia Civil a funcionarios y políticos separatistas «sean el preludio de un estado de excepción», por lo que ha pedido «estar preparados» para responder «a la represión».
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