La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha abierto una investigación formal sobre los contratos del Gobierno de Pedro Sánchez con Huawei y sus posibles vínculos con China, para determinar si suponen un riesgo para la seguridad en el marco de la OTAN y en las bases militares compartidas. Según confirmaron a Abc fuentes legislativas del Capitolio, el informe estará listo a finales de mes y, si concluye que el contrato se mantiene, EE.UU. podría limitar notablemente el flujo de inteligencia compartida con España.
Ese intercambio de información es crucial para las Fuerzas de Seguridad españolas en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y las ciberamenazas, así como para las operaciones militares conjuntas. Incluye desde inteligencia táctica para operaciones policiales hasta material altamente clasificado reservado a mandos militares y autoridades políticas.
La revisión responde a advertencias previas de las comisiones de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes, y examina desde la exposición de sistemas electrónicos y redes de comunicación hasta la posibilidad de que terceros países, como China, accedan a datos clasificados a través de proveedores tecnológicos.
El motivo de la alerta es claro: el Ministerio del Interior español ha adjudicado a Huawei contratos por 12,3 millones de euros para suministrar servidores y prestar servicios de consultoría al sistema de interceptación legal de comunicaciones, utilizado para almacenar y gestionar escuchas judiciales. Huawei está controlada por el Estado chino y sujeta a leyes que le obligan a colaborar con el Partido Comunista y entregar cualquier información solicitada por las autoridades de Pekín.
Un análisis de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre EE.UU. y China advierte de que, dado que otros países de la UE comparten inteligencia con España, “parte de esas escuchas podrían acabar almacenadas en el sistema gestionado por Huawei”. El informe también subraya las incoherencias de la UE al permitir que España mantenga un proveedor chino en una infraestructura tan sensible, mientras los tres principales operadores nacionales han retirado el equipo de Huawei de sus redes 5G.
El contrato se justificó por la oferta más barata, sin incluir cláusulas que impidieran a Huawei acceder a servicios con implicaciones de seguridad. Una omisión que, unida a los vínculos legales de la compañía con el régimen chino, ha encendido todas las alarmas en Washington. Para Estados Unidos, esta decisión contradice el veto aplicado en 5G y alimenta la sospecha de un acercamiento de Sánchez a Pekín, reforzado tras su visita oficial a China en abril.
Los presidentes de las comisiones de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes, Tom Cotton y Rick Crawford, ya advirtieron en julio del riesgo que supone para la seguridad occidental la adjudicación a Huawei. En su carta a Gabbard, subrayaron que “hasta que España siga el mismo camino, el Gobierno de Estados Unidos debe asegurarse de que cualquier información compartida con el Gobierno español esté redactada para eliminar los detalles que no deban llegar al Partido Comunista Chino”.
El legislativo y el ejecutivo estadounidenses han dado así a Sánchez hasta final de mes para revocar el contrato o afrontar un recorte drástico en la información de inteligencia que recibe España.
