Barcelona está sufriendo un aumento exponencial en los datos de violencia e inseguridad a consecuencia de la inmigración ilegal descontrolada. Las cifras publicadas recientemente por el Departamento de Interior de la Generalidad, a petición del grupo parlamentario VOX, han reactivado el debate sobre la relación entre criminalidad y entrada irregular de extranjeros, una discusión que muchas instituciones y partidos se resisten a afrontar.
Durante el pasado año, se practicaron en la capital catalana 21.808 detenciones, de las cuales más del 78% correspondieron a personas extranjeras. En concreto, 17.158 arrestos fueron de ciudadanos no españoles, frente a los 4.650 de nacionalidad española. Un desequilibrio estadístico que se hace aún más evidente en los delitos más comunes y violentos.
Por ejemplo, nueve de cada diez detenidos por hurtos no tienen nacionalidad española. En los casos de robos con violencia, el porcentaje se sitúa en el 83,5%, mientras que el 73% de los acusados por agresión sexual y el 87,5% de los detenidos por ocupaciones ilegales también son extranjeros. Cuando se combinan estas categorías, el promedio global arroja un dato elocuente: el 84,2% de los arrestados por esos cuatro delitos pertenecen a población extranjera.
Aunque el porcentaje es algo inferior en delitos como el homicidio, los extranjeros siguen siendo mayoría, representando el 59% de los detenidos por este tipo de crímenes. En lo relativo al tráfico de estupefacientes, dos tercios de los implicados también proceden del extranjero. Por su parte, la Guardia Urbana alerta de que más del 80% de los multirreincidentes en la ciudad son menores de origen extranjero, lo que agrava aún más la sensación de impunidad y descontrol en las calles.
En este contexto, VOX ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de endurecer la política migratoria y acelerar los procesos de expulsión. El partido argumenta que, mientras otras naciones europeas están reforzando sus fronteras y aumentando las deportaciones, España —y en particular Cataluña— parecen ir en la dirección contraria. Como ejemplo, citan la reciente reforma del reglamento de extranjería aprobada por el Gobierno central, que reduce los requisitos para la regularización de inmigrantes y elimina restricciones incluso para quienes tienen antecedentes penales. «Si queremos seguridad en las calles, billete de vuelta».
A pesar de la contundencia de los datos, la mayoría de formaciones políticas en el Parlamento han levantado un cordón sanitario contra VOX por considerar que sus mensajes «incitan al odio». Además, el partido ha sido denunciado judicialmente tras difundir información sobre la identidad de los detenidos en Barcelona, una maniobra que algunos consideran necesaria para visibilizar el problema, y otros tachan de alarmismo.
Lo cierto es que el crecimiento de la delincuencia coincide con el incremento de la inmigración ilegal, algo que los partidos tradicionales evitan relacionar. Sin embargo, un sector creciente de la ciudadanía comienza a respaldar posturas más firmes en materia de seguridad y migración, cansados —según expresan desde VOX— del «buenismo institucional» y de la censura sistemática a cualquier voz crítica.
