Muchos perdedores y casi ningún ganador. Éste es el balance que realiza el campo español tras el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Y si hay algún beneficiado, lo será a muy largo plazo, no antes de quince años. Agricultores, ganaderos y productores coinciden en el diagnóstico: el pacto abre la puerta a una competencia con reglas distintas, amenaza la viabilidad de explotaciones ya debilitadas y deja a España en una posición de clara desventaja.
El descontento es generalizado y apunta en dos direcciones. Por un lado, a Bruselas; por otro, al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Agricultura, Luis Planas, a quienes el sector acusa de no haber defendido los intereses nacionales. El resultado, denuncian, es un acuerdo que beneficia a grandes potencias exportadoras y a multinacionales, mientras asfixia al productor español.
La ganadería aparece como el sector más castigado, mientras que el aceite de oliva, el vino y la industria transformadora sólo vislumbran ventajas diferidas y condicionadas por una desescalada arancelaria que se prolongará más de una década.
En la Sierra de Gúdar, en Mosqueruela, un municipio de apenas 500 habitantes, el ganadero Joaquín Gargallo califica el acuerdo de «mazazo», en declaraciones a El Mundo. Advierte de que el golpe no sólo recaerá sobre los productores, sino también sobre los consumidores.
En los últimos siete años han desaparecido en España cerca de 10.000 explotaciones de vacuno. La cabaña se ha reducido hasta los 12,6 millones de cabezas, de las que ocho millones son terneros. Aun así, el vacuno sigue siendo la segunda actividad ganadera del país, sólo por detrás del porcino. «Importar carne del Mercosur es engañar al consumidor», denuncia Gargallo. «Será carne de menor calidad y sin los controles sanitarios y de bienestar animal que se nos exigen aquí. Es una estafa«.
El uso de dietas anabolizantes y hormonas prohibidas en la Unión Europea figura entre las principales advertencias del sector. Para Gargallo, los beneficiados están claros: Brasil, como gran exportador, y las grandes multinacionales cárnicas, con la brasileña JBS a la cabeza.
Las únicas expectativas de beneficio se concentran en el aceite de oliva y el vino. Rafael Pico Acevedo, director general de la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites del Orujo (ASOLIVA), considera que el acuerdo «va en la línea de la libertad de mercados», aunque introduce matices.
Los productos del Mercosur entrarán con arancel cero desde el primer día, mientras que los europeos afrontarán una eliminación progresiva durante quince años. En la actualidad, el aceite de oliva virgen extra soporta un 30% de arancel en Argentina y un 9% en Brasil. El sector valora la apertura, pero subraya la asimetría del calendario y la demora de los beneficios reales.
En la Albufera valenciana, el productor arrocero Cristóbal Aguado, de 75 años, no oculta su pesimismo a El Mundo. «Va a ser un desastre. Esperábamos que el Gobierno buscara un equilibrio», lamenta. El sector ya compite con arroz asiático producido con sustancias prohibidas en Europa y sometido a controles mucho menos estrictos.
Las exigencias de trazabilidad y las limitaciones fitosanitarias han reducido la rentabilidad. En la última campaña, la cosecha cayó un 20%. Variedades emblemáticas como el arroz bomba o la J Sendra han retrocedido hasta un 30%. «Es el principio del fin«, resume Aguado. Muchos pueblos que vivían del arroz ven ahora peligrar su futuro tras fuertes inversiones en mecanización que difícilmente se recuperarán.
El productor reclama un etiquetado claro y visible del origen europeo. «El consumidor tiene derecho a saber lo que come y a no ser engañado», advierte.
«Nos va a hacer polvo». Así resume su situación Paulino Marcos, apicultor cacereño de cuarta generación con 1.300 colmenas. La miel argentina resulta mucho más barata por los costes laborales y el rendimiento por colmena, que duplica al español. A ello se suma un problema ya conocido: la confusión deliberada en el etiquetado del origen.
En Álava, el productor Javier Brilas resume el sentir del sector remolachero con una frase: «Otro palo más en las ruedas». Hasta ahora, el azúcar de caña importado pagaba un gravamen. Con el acuerdo, ese freno desaparece. El precio por tonelada, que llegó a 900 euros, no superó los 550 en la última campaña.
