Un testigo protegido ha desvelado que los Mossos d’Esquadra tenían orden de informar de los movimientos de la Guardia Civil y de la Policía para impedir el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña y ha revelado su actitud de total «pasividad» incluso cuando los guardias civiles eran agredidos.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha incorporado el testimonio de este testigo protegido identificado con la clave 1-O en el auto en el que ha procesado al mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, al exdirector del cuerpo Pere Soler y al ex secretario general de Interior César Puig, por sedición y pertenencia a banda criminal por el asedio a la Conselleria de Economía y por el 1-O.
En el auto, la juez incluye ese testimonio que procede de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 de Lérida sobre lo ocurrido el 1-O. La juez no aporta datos sobre el testigo, si bien varias fuentes han subrayado durante la investigación que ha habido mossos que han colaborado como testigos protegidos en las pesquisas de los jueces y de la Guardia Civil.
En este caso, informó de una orden genérica dada a todos los equipos de la policía autonómica para informar de todos los movimientos que se observasen tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional.
Así siguieron a policías y guardias civiles
La juez, a partir de esa declaración, de la documentación que aportó y de las declaraciones prestadas por los agentes de la Guardia Civil destinados en la Comandancia de Lérida, concluye que en esa provincia los Mossos recibieron órdenes de vigilar a los «escudos» y a los «banderines», es decir, a los policías nacionales y a los guardias civiles, respectivamente.
A su juicio, hubo «vigilancias efectivas» por orden de la Sala Regional de los Mossos de Lleida a la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia para informar de todas las salidas de vehículos y personal.
Pero el testigo protegido también puso de manifiesto que se recibió información por la emisora de los Mossos de la marca y modelo de los vehículos que salían de la Comandancia, el número de personas que iban dentro y los objetos que portaban.
Órdenes de no actuar
Además, subrayó la actitud de «total pasividad» de los mossos cuando los guardias civiles llegaban a los colegios electorales, incluso «al ser agredidos los agentes por la gente congregada», y de «total alejamiento respecto de los guardias civiles, desoyendo sus peticiones de colaboración».
Relató el testigo que se dieron indicaciones en los briefings para que no se actuase por parte de los agentes, «hasta el punto que prohibieron gran número de acciones, entre ellas, entrar a la fuerza».
En las instrucciones recibidas, se incluyó que no se hiciera uso de la defensa, por lo que muchos efectivos optaron por no llevar la porra. De hecho, según el mismo testigo, se les indicó en un briefing previo «que lo mejor era dejar todo el material antidisturbios en el furgón y que si no se podía entrar (en los colegios) pidiéndolo por favor, que no se entrara».
Lamela inculpa a la antigua cúpula del Cuerpo
Lamela relata en el auto de procesamiento cómo en el marco de «una compleja y heterogénea organización» sus integrantes diseñaron una estrategia «perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal», liderada por el Govern cesado, y eso, según la juez, fue lo que «en suma permitió la celebración del referéndum ilegal».
«Para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismo representaban», destaca el auto.
De hecho, recuerda la juez, entre los planes de los separatistas «se barajó el papel que los mismos habrían de desempeñar en el Estado independiente, planteándose incluso la posibilidad de conferirles funciones de seguridad externa y/o defensa».
Con estos objetivos, el pasado 14 de julio «se produjeron unos cambios en la Generalitat, que según fue ampliamente difundido en la opinión pública tenían como objetivo sustituir a aquellos consejeros que no se mostraban totalmente dispuestos a asumir las consecuencias de continuar con el proceso de independencia».
Fueron entonces nombrados Forn, Pere Soler y Trapero, mientras que César Puig se mantuvo, y con ello, dice Lamela, «se trataba que desde los órganos de gobierno se tuviera el control del cuerpo policial».
Para ello, «resultaba necesaria la connivencia de los responsables políticos con los máximos responsables de dicha policía» y que «hicieron de correa de transmisión de las instrucciones de aquellos (…), ordenando ejecutar o abstenerse de las órdenes judiciales».
De este modo, «la actuación de los Mossos el día 1 de octubre fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia», sostiene el auto.
Se siguió así «la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos» Forn, Soler y Puig, y «los responsables operativos» de los Mossos, como Trapero, «ejecutaron por acción y/o por omisión dicho mandato político».
Con este fin, prosigue Lamela, se diseñó «un plan premeditado para evitar actuar», que procedía de la «cúpula policial de los Mossos d’Esquadra», «comandada» por Trapero «y en conexión directa con los miembros del comité estratégico» que lideraba el expresidente catalán Carles Puigdemont, según Enfocats, documento considerado la hoja de ruta del independentismo y que fue intervenido al segundo de Oriol Junqueras en septiembre.
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