La distribución de los extranjeros en Castilla y León dibuja un mapa desigual, con focos de alta concentración en determinadas provincias y una creciente presión en áreas urbanas. Así lo recoge el último estudio del Consejo Económico y Social (CES), que analiza la situación de la población inmigrante en la comunidad y confirma tendencias que afectan tanto al mercado laboral como al equilibrio demográfico.
El dato más significativo es el peso que esta población alcanza en algunas ciudades. Soria encabeza el ranking con cerca del 20% de residentes no nacidos en España, seguida de Segovia (18,2%) y Aranda de Duero (17,7%). Estas cifras se sitúan en línea con la media nacional y contrastan con provincias como Zamora, León o Salamanca, donde el porcentaje no alcanza el 11%.
El informe también señala una clara concentración en capitales como Valladolid, Burgos, Salamanca y León, que superan los 14.000 residentes extranjeros y agrupan el 63% del total en núcleos urbanos. Este crecimiento se vincula principalmente a la llegada de población iberoamericana, especialmente colombianos y venezolanos, que se instalan en ciudades y trabajan en sectores como la hostelería, el comercio o el servicio doméstico.
En paralelo, el estudio identifica una presencia relevante de otras nacionalidades en el medio rural. Marroquíes y búlgaros presentan mayor dispersión territorial y se concentran en zonas agrarias, mientras que los rumanos también mantienen una fuerte implantación en áreas del sur vinculadas a la agroindustria.
Fuera de las capitales, el impacto es especialmente visible en el sur y sureste de la región, con una elevada presencia de extranjeros en municipios de Segovia, Soria y Ávila. A estas áreas se suman otras zonas con dinamismo económico como El Bierzo, la Montaña burgalesa o Tierra de Campos, donde la actividad agraria, industrial o turística actúa como polo de atracción.
El informe del CES se publica en un contexto marcado por el aumento de la población extranjera y el debate sobre su integración laboral. Según datos recientes, una parte significativa de estos residentes no trabaja y un porcentaje relevante depende de ayudas, lo que añade presión sobre los servicios públicos en determinados territorios.
Además, desde 2022 se ha registrado la llegada de refugiados ucranianos, un colectivo minoritario en número pero con presencia visible en entornos rurales, donde en algunos casos han formado comunidades estables.
El análisis confirma así un cambio progresivo en la estructura demográfica de Castilla y León, con diferencias territoriales acusadas y un crecimiento sostenido de la población extranjera que ya condiciona la evolución económica y social de la comunidad.
